El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y su Reutilización, que entre otras cuestiones obligará a los ayuntamientos, incluso con multas coercitivas, a ser más transparentes en su gestión, aunque con diferentes niveles de exigencia en función de si tienen más o menos de 5.000 habitantes.

Así lo ha destacado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el director general de Transparencia, Joaquín Meseguer, quien ha destacado también que esta nueva normativa incorpora la fuerza del régimen sancionador para conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los principios de transparencia que inspiran esta norma.

Estas sanciones incluyen, en casos de incumplimientos reiterados y después de haber superado otras sanciones previas, como la publicación del incumplimiento en el Boletín Oficial de la Comunidad, la destitución del alto cargo -director general o viceconsejero-, ya que estos ceses no podrán afectar a órganos electos como alcaldes.

Esta norma, ha explicado el director general de Transparencia, permitirá adentrar a los entes locales de la Comunidad en la «vanguardia» de la transparencia en España, además de que el tratamiento que recibirán estas administraciones será de los más favorables del territorio nacional.

Como ha recalcado por su parte el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, la puesta en marcha de nuevas medidas de regeneración política e institucional constituye «uno de los bloques de los acuerdos de gobernabilidad suscritos para la configuración del Gobierno autonómico» esta legislatura, por lo que ha asegurado que hoy es un día «muy importante» para el Gobierno autonómico.

Según Meseguer, la aprobación de este proyecto de ley supone un «hito trascendental» por cuanto se eleva a este rango legal algunas de estas iniciativas ya emprendidas en los últimos dos años, más otros aspectos que en la ley del año 2015 quedaron sin abordar.

El primero de estos objetivos, ha indicado la Junta en un comunicado, se logra con la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de la ley y se establecen algunas especialidades, como la periodicidad de actualización de la información, que será semestral, es decir, dos veces al año.

De este modo, Castilla y León pasará a tener la única ley de transparencia de España que establece un régimen más favorable para los pequeños municipios, de población menor a los 5.000 habitantes.

Ellos serán quienes decidirán qué contenidos -además de los obligatorios- publicarán para conocimiento de todos sus vecinos, previa consulta a ellos sobre qué información o datos necesitan o quieren conocer sobre la gestión de su ayuntamiento.

Precisamente, preguntado sobre los medios materiales que serán necesarios para acatar la ley, Meseguer ha asegurado que en el cumplimiento de estas obligaciones «el 95 por ciento es voluntad y el 5 por ciento capacidades técnicas«, ya que se hará por medio de un sistema informático «sencillo y manejable» además de que «no hay que generar ningún contenido«, tan solo sería volcarlo en esta plataforma.

Multas y sanciones

El texto especifica también la regulación de los regímenes de ejecución forzosa -multas coercitivas- y sancionador en las materias reguladas por la ley, atendiendo a los posibles responsables de las obligaciones e infracciones que se tipifican y a la gravedad de las acciones u omisiones que son consideradas tales.

La ley distingue las obligaciones donde pueden imponerse multas coercitivas para «forzar» al cumplimiento de las obligaciones que en esta materia impone la ley estatal y aquellas otras cuyo incumplimiento puede generar la imposición de una sanción, limitada en este caso la capacidad de sancionar a aquellas obligaciones nuevas que establece la ley autonómica.

Estas multas se impondrían cada 15 días: la primera sería de 1.000 euros, la segunda de 2.000 y la tercera de 3.000, sin superarse esta cantidad, pero aplicada cada dos semanas en el caso de seguir sin cumplirse la ley.

Finalmente, las sanciones aplicables a los altos cargos serán las previstas en la ley estatal de transparencia en materia de buen gobierno: declaración del incumplimiento, publicación de la resolución en el boletín oficial que corresponda y, en los casos más graves, la destitución del cargo, a excepción de los representantes locales a quienes no se podrá despojar de su cargo representativo.