La Junta de Castilla y León pide al Gobierno que se respete la seguridad jurídica en la nueva ley de vivienda y las competencias de las comunidades y de los ayuntamientos y defiende como “la línea más adecuada” las ayudas del Ejecutivo autonómico, por encima de intervencionismos.
Así lo manifestó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que instó a que “no se ahuyente” a inversores por la inseguridad jurídica, a la vez que remarcó que la Junta de Castilla y León respeta el derecho a la propiedad y la libertad de empresa.
“Siempre cumplimos la ley”, indicó en referencia a que el presidente del PP, Pablo Casado, haya manifestado que las comunidades en las que gobiernan no van a cumplir la norma, si bien pidió que el proyecto de ley, que prepara el Gobierno, respete las competencias de comunidades y ayuntamientos.
En tal sentido, añadió que si quiere legislar que lo haga, pero cambiando las normas para restringir competencias, sino, en base a la cogobernanza, que respete las competencias de las otras administraciones, aunque señaló que no puede pedirles que cumplan con lo que no están de acuerdo, y además de ello tienen competencias. “No es insumisión”, apostilló.
Respecto de las medidas de la Junta, se refirió a las 63.000 ayudas al alquiler desde 2015 con 94 millones de euros, a la ampliación en 700 viviendas del parque público de viviendas, a la moratoria en los pagos de cuotas en viviendas públicas de la Junta con 7.000 beneficiados, a deducciones fiscales del 15 por ciento para menores de 35 años y ayudas a la compra de jóvenes.
