La ‘guerra’ entre defensores y detractores del lobo vuelve a la palestra porque está a un paso de ser protegido por ley lo que imposibilitará cazarlo, un logro para ecologistas en defensa de la biodiversidad y un error para los ganaderos que temen ver aumentados los ataques a sus animales. El debate se ha recrudecido después de que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (integrada por comunidades autónomas y el Gobierno) decidiese hace diez días, con el voto de calidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dar el visto bueno a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Las posiciones están enfrentadas entre las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y el Miteco hasta el punto de que las primeras ven una «declaración de guerra» proteger al lobo a la que piensan responder con protestas o la vía judicial. Antes de llegar a ese punto, no obstante, prefieren el diálogo con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, por el momento, ha reservado su agenda este lunes para reunirse con los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.

Todo esto aderezado con rifirrafes de índole político liderados por el PP, que ya ha prometido defender «con uñas y dientes» la caza controlada del cánido, o incluso opiniones encontradas entre el Miteco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Los titulares de ambas carteras, Teresa Ribera y Luis Planas, comparecerán próximamente y de manera conjunta en el Senado para abordar el asunto. Mientras tanto, los trámites siguen su curso y el Miteco ya ha sacado a consulta pública el texto de la orden ministerial para incluir al lobo en el listado.

El proceso

Para llegar hasta este nuevo escenario, ha sido clave la acción de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel) que pidió en 2019 la solicitud para incrementar la protección del depredador. Según afirman fuentes de la asociación a Efe, esa petición fue acompañada de un informe científico-técnico que argumentaba sus posiciones. Transición Ecológica lo recibió y sometió a un primer comité científico que recomendó la inclusión de esta especie en el Lespre pero no, en cambio, la posibilidad de darle una categoría más de protección, es decir, la de especie vulnerable, que también pedía Ascle y que seguirá luchando por ella, según detallan.

Los trámites han seguido su curso y ya quedaría aprobar la orden ministerial que lo haga efectivo. Esta asociación cree que la coexistencia lobo-ganadería «es posible» porque en España «se llevan 30 años matando lobos y no se ha reducido el número de daños» por lo que la gestión «ha sido inadecuada e insuficiente». Es partidaria además de que los ganaderos implementen sus normas de prevención.

El problema de los ataques

Actualmente existen unos 2.500 lobos en la península (frente a los 300 censados en la década de los 60) que matan cada año a unas 15.000 reses, según datos de la organización agraria COAG. En Galicia, una de las regiones más afectadas dado que las principales manadas se encuentran en el noroeste y oeste peninsular, la Xunta de Galicia ha informado de que en 2020 los lobos mataron a 2.400 cabezas de ganado.

El Gobierno cántabro, por su parte, maneja la cifra provisional de 1.500 animales muertos en 2020 a la espera de que sigan llegando más partes. En Castilla y León, uno de los ataques más recientes tuvo lugar a principios de febrero en Villalonso (Zamora) donde una manada mató 59 ovejas y causó abortos a otras cinco. La realidad de los ataques está ahí como bien conoce el ganadero Pedro San Segundo, de Navalacruz (Ávila), que ha visto en varias ocasiones cómo los ataques han afectado a sus vacas; algo que le perjudica emocionalmente hasta el punto de levantarse en mitad de la noche y acudir al campo para vigilar.

Asegura que las indemnizaciones no compensan y ve imposible la convivencia con el lobo porque medidas como los perros guardianes (él tiene varios) no dan resultado. Aboga porque el lobo esté en un espacio vigilado y a los animalistas les pregunta si «no les duele la muerte de un ternero indefenso recién nacido».

Un testimonio similar es el de Felipe Luis Codesal, de San Pedro de la Nave (Zamora), que aún con 15 perros mastines no se ha librado de los ataques en su finca de ovino por lo que pide también un control de las poblaciones, según indica. En su caso, a las pérdidas económicas también se le suma el impacto «emocional» de ver cómo un ataque deja «ovejas muertas por todos lados».

A los animalistas les pide que «elijan entre fauna o gente en los pueblos» porque considera que, sin ganadería, el mundo rural «desaparecería». El caso es que el reconocimiento del lobo como especie de protección especial y, en consecuencia, el veto a su caza puede ser una realidad en el medio plazo; una decisión que a buen seguro rebrotará el debate intenso y polémico entre los múltiples agentes a favor y en contra que tiene esta especie.

Juan Javier Ríos