Las denuncias por circular sin tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor han aumentado un diez por ciento en Castilla y León al pasar de las 38.024 de 2018 a las 41.799 con las que cerró 2019, según los datos facilitados a Efe por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La provincia de León, con 7.186 multas el año pasado por está cuestión, se sitúa a la cabeza de la Comunidad, seguida de Burgos (6.747), Valladolid (6.360), Salamanca (4.741), Segovia (4.241), Zamora (3.805), Palencia (3.164), Ávila (3.030) y Soria (2.525).
No obstante, Palencia, con 672 denuncias más en un año, lidera el incremento porcentual (27%) por delante de Zamora (23,8%), Soria (21,7%), Burgos (16%), León (11,6%), Segovia (11%) y Valladolid (5.4%).
En Ávila (-8,7%) y en Salamanca (-4,3%), con 289 y 215 denuncias menos, se han producido descensos.
Así, el 13,4% de los vehículos matriculados en la Comunidad circulan sin tener la ITV en orden, un porcentaje que, pese a reducirse más de cuatro puntos en la última década (en 2010 eran un 17,7%), se traduce en más de 263.900 automóviles que se mueven sin haber pasado la inspección obligatoria o bien lo hacen con ella caducada.
Los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) exponen que los titulares de 123.052 turismos -el 9,27% del parque- y 52.546 camiones y furgonetas -hasta un 19%- infringen la norma.
Y todo ello sin olvidar 9.547 remolques y semirremolques, 36.641 motocicletas, 19.757 ciclomotores, 1.683 tractores industriales, 330 autobuses y otros 11.070 vehículos de motor que tampoco tienen los papeles en regla en Castilla y León.
En el análisis por provincias, Zamora se coloca en primer lugar en irresponsabilidad (15%, 22.667), seguida de León (14,7%, 56.157), Ávila (14,1%, 19.658) y Segovia (13,9%, 18.630).
El resto tienen un porcentaje de incumplimiento algo inferior: Soria (12,8%, 10.160), Salamanca (12,7%, 31.550), Burgos (12,7%, 34.767), Palencia (12,5%, 16.476) y Valladolid (11,8%, 43.561).
La DGT advierte de que, al margen de los riesgos que comporta para la propia seguridad y la del resto de conductores, puede acarrear multas que van desde los 200 euros, si la ITV está caducada o ha sido desfavorable en el último chequeo, hasta los 500 si ha resultado negativa.
Sanciones que, en buena parte, Tráfico pone gracias a un sistema de detección de matrículas mediante cámaras de radar (ITICI) que le permite cotejar al momento si un automóvil cumple con lo estipulado.
La medida se puso en marcha con el objetivo de hacer aflorar esos vehículos que no podrían superar la inspección técnica (a partir de los diez años es preceptivo acudir a la cita cada año) y cuya reparación no sale a cuenta.
Si la inspección no se supera, el propietario del vehículo cuenta con un plazo máximo de dos meses para subsanar los defectos encontrados y pasar una nueva revisión.
De lo contrario, puede ser dado de baja por su Jefatura Provincial de Tráfico.
Además, desde la perspectiva de los seguros, las consecuencias pueden ser aún más graves puesto que el conductor sin la ITV en vigor e implicado en un accidente se arriesga a correr con todos los gastos derivados del siniestro.
Especialmente si se demuestra que la causa del accidente se debió a un fallo mecánico que podría haberse detectado durante una ITV en la que se revisan los neumáticos, el alumbrado, los frenos, el nivel de aceite y de líquido refrigerante, los limpiaparabrisas y el sistema de control de emisiones de CO2 a la atmósfera.
La edad media de los turismos en España se sitúa en los 12,4 años (14,6 años en el caso de camiones de hasta 3.500 kg), según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Un listón de los más elevados de Europa, y que tiene mucho que ver con la pasada crisis económica, ya que la antigüedad era de unos ocho años en 2007.
La DGT destaca que la inspección técnica -ahora en suspenso en el marco del estado de alarma para la gestión de la situación de las crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19- contribuye a que anualmente haya cerca de 11.000 accidentes al volante menos, muchos de ellos con heridos.
La DGT comenzó a enviar a finales de 2013 cartas informativas a los titulares de vehículos con más de una década de antigüedad advirtiendo de que “el riesgo de que haya al menos un fallecido se duplica en los vehículos antiguos respecto a los más modernos y con mayor equipamiento de seguridad activa y pasiva”.
Una iniciativa que llegó a unos 13 millones de hogares con el objetivo de mejorar la seguridad vial y que, al año siguiente, repitió con el envío de cinco millones de misivas a los dueños de turismos, todoterrenos y motocicletas de entre siete y diez años de antigüedad que circulaban sin estar en condiciones.
Ahora, tras detectar la presencia de cientos de miles de vehículos en situación potencialmente irregular, ha vuelto a recordar por escrito la necesidad de aclarar su situación administrativa dado el creciente absentismo a la hora de realizar los controles obligatorios.
Si bien es cierto que los conductores apuran al máximo la vida de su automóvil, desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) consideran que el modo más eficaz para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible pasa por “propiciar la retirada de la circulación de los vehículos más antiguos, contaminantes e inseguros”.
