El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, defendió en el día de ayer la necesidad de que la Junta de Castilla y León retire el decreto sobre las residencias de mayores para que la norma se tramite como un proyecto de ley con el objetivo de favorecer la participación e incrementar los índices de calidad.
Tudanca, que se reunió ayer con representantes de la Federación de Servicios Públicos de UGT, de los colegios de Fisioterapeutas y de Terapeutas Ocupacionales y de la Plataforma Social, Cavecal, para recoger sus alegaciones a la regulación de las residencias y centros de día, ha compartido con estos «importantes colectivos» la necesidad de dotar a Castilla y León de una nueva normativa que garantice la «calidad» del servicio y la «dignidad» que se merecen las personas mayores.
En este sentido, acusó al Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco de pretender con su decreto reducir tanto las ratios de profesionales como los requisitos de acceso con el único objetivo de que las residencias privadas puedan abaratar los costes «y, por tanto, ahorrarse el dinero que tendría que aportar la Junta para la atención en centros públicos con la calidad debida».
A modo de ejemplo, el secretario del PSOE explicó que uno de las medidas que se recogen en el decreto de la Junta contempla una bajada de ratios en profesionales sanitarios de modo que a partir del año 2022 las residencias con menos de cien usuarios no tendrán como requisito contar con un médico lo que «deteriorará mucho el servicio y la atención que se presta a los mayores».
«Persisten en el error (…) se empecinan en el error de hacerlo sin participación y, además, reduciendo los índices de calidad de la prestación de este servicio», lamentó el dirigente socialista en referencia a las anulaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de los dos últimos decretos que regulaban una materia que, según sus datos, afecta a unas 50.000 personas mayores en una de las comunidades autónomas, además, más envejecidas del país.
Tudanca advirtió a este respecto de que la Junta de Castilla y León no está en condiciones de presumir en la gestión y prestación de esta materia máxime cuando, tras tener las competencias desde «hace ya demasiados años», no ha construido «ni una sola plaza residencial pública nueva» mientras fomenta el negocio privado a través de las residencias y se limita a dar una prestación vinculada para el pago de estos servicios de 30, 40 o 50 euros, cantidades que ha considerado «muy, muy limitadas».
«Con esto un usuario, una familia, no puede hacer frente al coste de una residencia privada en nuestra comunidad autónoma», recordó a la Junta de Castilla y León en ese llamamiento a que retire su decreto para tramitar esta materia como proyecto de ley con participación de los usuarios, de los colectivos profesionales y de los grupos parlamentarios en un deseo de conseguir una regulación «por fin» que garantice ratios suficientes y ajustadas de forma estricta a lo que estipula el Consejo Territorial de Atención a la Dependencia de España.
A esto ha añadido la necesidad de incrementar las prestaciones vinculadas para acceder a estos servicios y que se eviten en cualquier caso los problemas jurídicos precedentes.
