El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reiteró que el proceso de enajenación de vehículos todo terreno del segundo de ambos servicios en el periodo 2015-2019 fue absolutamente «legal» y «transparente» y que por el mismo la Junta obtuvo el mejor precio de mercado, que globalmente ha cifrado en 699.297,84 euros.
En su comparecencia en sede parlamentaria y a petición propia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente para explicar un proceso que actualmente se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, Suárez-Quiñones, al igual de lo que hiciera en el pleno, apuntó que no existe «ninguna figura delictiva» en la tramitación de hasta casi una treintena de expedientes que permitió enajenar un total de 664 vehículos a través de las nueve delegaciones territoriales de la Junta.
El consejero insistió en que a excepción de cinco vehículos, adjudicados directamente a dos ayuntamientos socialistas y a una entidad soriana, en cuanto al resto de los lotes se siguió una «venta directa pero mejorada» al abrirse a la concurrencia de un total de 193 empresas que efectuaron 131 ofertas, «lo que aseguró un verdadero precio de mercado que se realizó en todos los casos a la más alta».
En dicho proceso, el político incidió en que unos vehículos fueron destinados al desguace y otros, sin nada que lo impidiera, fueron reparados y destinados al mercado de ocasión para su venta a terceros.
También justificó la venta de los vehículos públicos en la necesaria renovación de la flota, con algunos de hasta 18 años, más de 400.000 kilómetros y un coste global de reparación de millón y medio de euros, así como por la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios del Servicio de Montes.
El consejero afeó la postura de los responsables del PSCyL y Grupo Mixto, Ángel Hernández y Pablo Fernández, respectivamente, a quienes acusó de tratar de utilizar esta cuestión para sacar rédito político. «El problema es que les puede la ansiedad», dijo.
VISIÓN DE LA OPOSICIÓN
Uno de ellos, Pablo Fernández, en tono irónico, reconoció haber comprendido de una vez por todas el por qué de la elección por parte del PP de un juez para desempeñar la cartera de Fomento y Medio Ambiente, «ya que éste pasa más tiempo explicando sentencias en contra del TJS que desempeñando su acción políticas», al tiempo que le tildó de «consejero antisistema», dado el volumen de fallos judiciales en contra que atesora desde su mandato.
Fernández, además de sostener que el consejero se limitó a «echar balones fuera sin explicar nada», recriminó también al político del PP por atribuir la responsabilidad del proceso a las delegaciones territoriales.
«A las delegaciones territoriales no las nombra el Espíritu Santo, las nombra la Junta de Castilla y León», recordó el político de Podemos, quien, también de forma irónica, confesó haber echado de menos en la relación de empresas de desguace enumerada por el consejero como adquirientes de parte de estos coches «el desguace mayor, que es el que tanto el PP como Cs están perpetrando en esta Comunidad».
En la misma línea, el socialista Ángel Hernández llegó a tildar lo ocurrido en este caso como una «chapuza mayúscula, la más bochornosa» en la etapa del consejero, si bien aseguró que lo peor de todo es que «ha mentido clamorosamente al Parlamento autonómico», en referencia a que los datos aportados sobre este caso en el último pleno se contradicen con los ahora ofrecidos durante su comparecencia.
El socialista negó que su formación ponga en entredicho la honorabilidad de los funcionarios públicos, pero sí ha puntualizado que lo que verdaderamente les preocupa es el hecho de que la Guardia Civil haya entrado en la sede de la Consejería de Fomento para recabar documentación.
En el lado opuesto, el parlamentario del PP Ricardo Gavilanes, se dirigió expresamente a la oposición para recordarles que «¡no hay caso, por mucho que se empeñen!», afirmación que basó en las explicaciones detalladas que, a su juicio, ofreció el consejero del ramo y que acreditan un procedimiento seguido conforme al decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se desconcentra en las delegaciones territoriales la enajenación de los bienes muebles de la Consejería.
«El problema es que no están atacando directamente al consejero, sino que están atacando a los funcionarios de este departamento y del resto de consejerías, y eso no se puede permitir», zanjó.
