Los grupos parlamentarios de PP y Cs rechazaron en el Pleno de las Cortes tramitar la Proposición de Ley que modifica la Ley del Juego presentada por el PSOE al considerar que «criminaliza» al sector, pese a lo que ambos partidos defienden la necesidad de modificar la normativa actual para «modernizarla» de una forma consensuada con todos los agentes implicados en el sector.
En concreto, el procurador socialista Luis Fernández Bayón defendió esta iniciativa que se registró en las Cortes el pasado mes de noviembre y se centró en la «proliferación» de las salas de juego en la Comunidad que, como ha defendido, generan «muchos problemas» y atacan a la «gente más joven y vulnerable».
Fernández Bayón detalló la situación de estas salas de juego y consideró que sólo con ver los recreos de los estudiantes de Educación Secundaria da una idea de la problemática, al tiempo que aseguró que estos espacios son «parada obligatoria» de los fines de semana.
Pese a esta situación, el procurador socialista dudó de la regulación que prevé impulsar la Junta con su Mesa del Juego dada la «estrecha relación entre el PP y el sector».
No obstante, la procuradora popular Leticia García Sánchez recordó en su intervención que el juego es «legítimo» en España e inisistió en que el PP defiende esta actividad siempre «sin dejar» de proteger a los ciudadanos de Castilla y León.
«Creemos en la regulación del juego, tenemos la obligación de hacer un análisis juntos y de proteger al sector», defendió, tras lo que recordó que en la Comunidad actualmente existen 450 empresas que generan 2.000 empleos.
Tras esta aclaración, García Sánchez recordó que la Comunidad únicamente tiene competencias sobre el juego presencial y es el Estado el que debe regular el juego on-line y la «publicidad agresiva». Así, garantizó que la Junta va a reformar la Ley del Juego y defendió que es cierto que ha habido un crecimiento de los salones del juego en la Comunidad hasta alcanzar los 97, una cifra que, como ha destacado, se sitúa «muy por debajo» de los datos de otras autonomía.
En este sentido reseñó que sobre la regulación del juego «la improvisación no vale», por lo que defendió la puesta en marcha de la Mesa del Juego por parte de la Junta con el objetivo de recoger la voz de todos los sectores implicados, donde, como garantizó, se podrían incluir planteamientos del PSOE vía enmienda en la futura norma que presente el Ejecutivo regional.
Por último, consideró que la Proposición del Ley del PSOE obedece a «mandatos políticos superiores» en referencia al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, tras lo que defendió que se trata de un sector «legítimo» que ejerce una actividad. «Huyamos de alarmismos y ayudemos a todos sin perjudicar a nadie desde la adaptación de la norma a los nuevos tiempos», concluyó.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos Miguel Ángel González respaldó la tesis del PP en esta cuestión y reseñó que el sector del juego «crea empleo» y «genera impuestos» por valor de unos 70 millones de euros, además, como ha defendido, se trata de una actividad «legal» sujeta a una legislación «estricta».
No obstante defendió que la normativa actual necesita una actualización para adaptarla a los nuevos escenarios, algo que no debe realizarse «de espaldas al sector y de las asociaciones». «No se debe demonizar este sector», ha aseverado, tras lo que ha considerado «más razonable» esperar al Proyecto de Ley autonómico.
