El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que el Ejecutivo mantiene «una preocupación constante» por la brecha digital entre los grandes municipios y el medio rural y que, por ello, pondrá «toda la carne en el asador» para combatirlo.
La modernización y el incremento de las oportunidades en los territorios más despoblados pasan por «avanzar y alcanzar cuanto antes» el propósito de tener alta capacidad de internet y, con este fin, ha anunciado la intención de abrir la primera convocatoria con diez millones de euros en ayudas, a la que ha invitado a las diputaciones provinciales a sumarse.
Esta medida de ayudas a las operadoras, para «financiar proyectos en las zonas blancas» (donde no llega internet en buenas condiciones), será el punto de partida de la intención de movilizar hasta 130 millones en Castilla y León a lo largo de la legislatura, explicó.
Así lo señaló tras una reunión con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, un encuentro en el que anunció que 1,2 millones de euros corresponderían en principio para su provincia.
Precisamente, sobre este mismo punto de reducir las diferencias digitales por territorios, el máximo responsable de la institución provincial salmantina ha destacado la «voluntad inequívoca» de las administraciones de «acabar con las zonas de peor cobertura».
otras cuestiones
Suárez-Quiñones insistió en que la Administración autonómica actuará bajo el «principio de legalidad» a la hora de conceder o no permisos para la instalación de macrogranjas. Sobre el término de macrogranjas, incidió en que «no existe» como concepto jurídico y que las entidades interesadas en abrir explotaciones en la Comunidad han de ceñirse a la «normativa estricta» que sirva para tal función.
Por ello, remarcó que el Ejecutivo no actuará de manera «discrecional» y que se ceñirá a los informes técnicos y, de manera «rigurosa», al cumplimiento de las normas. «La Administración obra con principio de legalidad», apostilló el consejero.
Suárez-Quiñones señaló también que «factores de sostenibilidad determinan que Castilla y León es la comunidad autónoma más avanzada en la lucha contra el cambio climático».
Esta «posición de liderazgo» la va a aprovechar Castilla y León, que va a «trabajar de forma intensa» en nuevas medidas en la misma línea, continuó Suárez-Quiñones.
De nuevo, sobre protección del medio ambiente, recordó que el presidente de la Junta contestará hoy a una pregunta en la que «aportará luz» sobre «alguna de las múltiples acciones».
En respuesta a los medios y tras reconocer que la Cumbre del Clima no alcanzó las expectativas y solo ha supuesto «un acuerdo de mínimos», reseñó que «Castilla y León es un sumidero de CO2» al contar con 4,8 millones de hectáreas de superficie forestal junto a producciones agrícolas y pastos que «también intervienen» en la lucha contra la contaminación.
