Las nueve diputaciones y 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad contarán en los próximos 4 años con 448 millones de euros para «blindar los servicios sociales», llegar a 180.000 familias y garantizar más de 6.600 empleos de los profesionales que trabajan en ese sector.
Así lo destacó en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Familia, Isabel Blanco y el vicepresidente Francisco Igea, tras aprobarse el acuerdo marco que regula la financiación de los servicios sociales de las entidades locales 2020-2023.
El nuevo acuerdo, que deben firmar las 24 entidades para que tenga efecto inmediato, amplía de tres a cuatro años su vigencia para dar más estabilidad tanto a las familias como a los trabajadores, y garantiza como mínimo 112 millones de euros anuales, los mismos que en 2019, que se incrementarán en función de la disponibilidad presupuestaria, explicó Blanco.
La financiación oscila entre los 48,3 millones que recibirá en estos cuatro años la Diputación de León o los 42,7 del Ayuntamiento de Valladolid y los 4,3 del consistorio leonés de San Andrés de Rabanedo. Destacan también los más de 38 millones de la Diputación de Salamanca, los 31,5 de la de Valladolid, 29,3 de la de Burgos y 29 de la de Ávila.
El acuerdo se articula en tres grandes áreas, la principal la de los centros de acción social, los CEAS, que contarán con 107 millones de euros para los cuatro años, y que atienden al año a 180.000 personas en Castilla y León.
Son 1.241 los profesionales de Servicios Sociales de las corporaciones locales que se benefician de este acuerdo marco, de los que 844 desempeñan su trabajo en los equipos básicos y 376 en los que atienden necesidades específicas en materia de dependencia, infancia y exclusión social. En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad Autónoma.
El otro gran área es el de atención a las situaciones de dependencia, con 266 millones para los cuatro años dirigida a prestaciones como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
Isabel Blanco recordó que son 30.000 las familias a las que llega la ayuda a domicilio en la Comunidad, con 5.400 profesionales que trabajan en ese servicio, para lo que contarán con una financiación de 232 millones en cuatro años. Y otros cinco millones se dirigen a la teleasistencia que llega al año a más de 25.000 personas en la Comunidad con un sistema telefónico.
Riesgo de exclusión
La tercera pata del acuerdo marco es la de la red de protección de familias y personas en riesgo de exclusión, con 71 millones que permiten continuar con programas el Servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, en el que trabajan 117 profesionales y que atiende al año a 3.169 personas.
También se incluye, refirió Blanco, el Programa Crecemos, que contará con 8 millones de euros y que pone a disposición de las familias centros infantiles de 0 a 3 años, con el fin de fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en el medio rural.
En los últimos dos años la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades consolidó la oferta de plazas públicas de centros infantiles dentro del programa «Crecemos», con 3.695 plazas en Castilla y León repartidas en 260 centros.
El Acuerdo Marco contempla también financiación para Planes locales contra la drogadicción que se incorporaron en 2018 y que contarán con 2,7 millones de euros, de los que 1,5 millones se destinan a programas de Prevención familiar y reducción del consumo de alcohol y de sus problemas asociados.
Para ello se trabaja en con dos líneas de actuación: la prevención familiar del consumo de drogas y de trastornos adictivos sin sustancia y la reducción del consumo de alcohol y de sus problemas asociados, especialmente en menores de edad.
Estos programas actúan también en la reinserción social de personas con problemas de alcoholismo ya rehabilitadas, especialmente en zonas rurales, prestando apoyo técnico y económico a asociaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Finalmente, el Acuerdo Marco incluye, de acuerdo a la referencia del Consejo de Gobierno, 920.000 euros para que las entidades locales presten atención a víctimas de violencia de género.
