El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que se avance en la línea de la declaración institucional rubricada por seis comunidades en Zaragoza para lograr un consenso multilateral en materia del financiación autonómica.
Mañueco se refirió a este asunto durante su intervención en la jornada ‘El reto demográfico y competitividad empresarial en Castilla y León’, e insistió en que el actual sistema de financiación “no sirve”, es “malo, antiguo, insuficiente y genera desequilibrios”.
En este sentido, el presidente de la Junta mostró su “temor” por que una futura negociación del modelo plantee también “incertidumbres territoriales encima de la mesa” ante la actual negociación para la conformación del Gobierno central.
“La financiación autonómica tiene que ir orientada a atender a las personas vivan donde vivan, no a los territorios”, destacó Fernández Mañueco, un momento en el que se refirió a las declaraciones del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en las que defendió que “el actual modelo era un traje a la medida para los separatistas de determinadas comunidades durante el gobierno de Rodríguez Zapatero”.
En este sentido, el presidente consideró que ahora “la situación se complica” con “un gobierno en funciones que retiene cantidades sin dar explicaciones”, en relación a las cuantías de las entregas a cuenta.
No obstante, defendió que la “batalla” de la financiación autonómica debe afrontarse en la línea de la declaración institucional que rubricaron Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón en septiembre del pasado año a través de la que se exigía un modelo que atendiera a las necesidades de gasto reales.
“Exigía un consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, recuerdo ese consenso como uno de los elementos fundamentales para seguir progresando por la España constitucional”, señaló.
Por último, el presidente exigió “estabilidad política” para abordar un nuevo sistema acorde con la “situación real” y que no tenga únicamente en cuenta la población sino “todas las variables” como dispersión o envejecimiento como garantía de “calidad y equidad” de los servicios públicos.
