La Junta de Castilla y León resolvió en tiempo y forma el concurso abierto y permanente de funcionarios con la asignación de destinos y una relación de puestos de trabajo, aunque decidió aplazar la eficacia de este acto administrativo, es decir su entrada en vigor, para no perjudicar a los trabajadores. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, informó ayer de una decisión cuyo plazo legal expiraba este jueves, pero advirtió de que se trata de una “resolución provisional” hasta que se resuelvan los litigios interpuestos contra el concurso tanto en los juzgados como en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Este “alto nivel de litigiosidad”, explicó Ibáñez a los informadores en las Cortes de Castilla y León, ha motivado el aplazamiento de la entrada en vigor “por un principio de prudencia y de garantías jurídicas, tanto para los afectados como para la administración pública”.
Soluciones
“Sabemos que no es la mejor de las soluciones pero si tuviera eficacia inmediata puede darse el caso de un funcionario al que se le asigna una ciudad donde emprende un proyecto de vida personal, se lleva a su familia y tramita una vivienda, y luego los tribunales echan para atrás el concurso (que afecta a 2.700 personas), el catálogo o la relación de puestos de trabajo”.
En la misma línea, el consejero de la Presidencia se refirió a otro concurso en una situación similar, fechado en 2014 y con 264 plazas pendientes.
Ángel Ibáñez, por otra parte, anunció el próximo comienzo de las negociaciones de una nueva relación de puestos de trabajo, fruto del acuerdo alcanzado durante la pasada legislatura (2015-2019) de revisar los catálogos cada seis meses.
