La junta de Castilla y León confía en alcanzar un acuerdo para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales entre los empleados públicos de la comunidad en la nueva reunión que el Ejecutivo mantendrá con los sindicatos el próximo lunes, en la que no habrá “tiempos diferentes”.
Así lo expresó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, al término de la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, en la que subrayó que en esta nueva reunión “habrá igualdad” y no se manejarán “tiempos diferentes” para la recuperación de las 35 horas, después de que la Junta propusiera el 1 de junio del 2020 y los sindicatos se mantuvieran en su propuesta del 1 de enero.
Como argumentó Igea, este optimismo tiene su base en la “responsabilidad” que el Ejecutivo confiere a los sindicatos, que radica en que lo principal en este acuerdo es “asegurar la calidad y la eficacia” de los servicios públicos en la Comunidad.
De este modo, el vicepresidente, no ha avanzado la nueva propuesta que el Ejecutivo pondrá encima de la mesa en la tercera reunión con los sindicatos, porque deben ser estas organizaciones “las primeras en conocerla” y no “a través de los medios de comunicación”.
No obstante, preguntado el vicepresidente por si esta nueva propuesta de la Junta de Castilla y León se acercará a las exigencias inamovibles de los sindicatos, que piden aplicar las 35 horas desde el 1 de enero, el portavoz ha recordado que son los sindicatos y no la Junta quien no ha variado su postura, por lo que esa sería una “buena pregunta” para estas organizaciones, apostilló.
Del mismo modo, a pesar de que la Junta confía en llegar a un acuerdo y, por consiguiente, que se desconvoque la huelga que los sindicatos han anunciado para el 6 de noviembre, el Gobierno autonómico ha acordado este jueves garantizar la prestación de los servicios esenciales de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.
En este acuerdo, la Junta fijó los servicios mínimos ante esta jornada de huelga con el fin de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en Sanidad, Servicios Sociales, Educación o Seguridad, ha reflejado el acuerdo sin especificar el porcentaje de cobertura de estos servicios mínimos.
