El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, sostuvo ayer que la despoblación es “el problema económico y de futuro más grave de esta Comunidad”, por lo que consideró “urgente tomarse este asunto definitivamente en serio”. Antes de participar en el Foro Económico de El Norte de Castilla en Palencia, sobre el “reto demográfico y sus implicaciones económicas”, Igea demandó un cambio del “concepto tradicional” de financiación autonómica y una nueva Ley que incluya un mayor peso para la extensión territorial y menor para la población residente.
El vicepresidente subrayó “la gravedad” que supone el envejecimiento y la dispersión de la población que hay en Castilla y León para el futuro de la Comunidad desde el punto de la sostenibilidad económica y de los servicios. Un problema contra el que, según Francisco Igea, hay que luchar con una política de 360 grados, que abarque a todas las consejerías del Gobierno autonómico y a todas las políticas de prestación de servicios y de ordenación del territorio.
En esta línea destacó la necesidad “urgente” de cambiar el “concepto tradicional” de la financiación autonómica, que hasta ahora financia los servicios por el número de personas, porque “hay servicios que se prestan a los territorios y no a las personas”.
En este sentido se refirió a las telecomunicaciones o las carreteras como ejemplo de servicios que tienen que cubrir un territorio independientemente de las personas que vivan en él, así como a las políticas de protección medioambiental, de lucha contra el fuego o las hidrológicas.
“Todas estas políticas se prestan al territorio no a las personas”, reiteró, para explicar que esta es “una de las razones más fundamentales de la debilidad y de la discriminación de esta Comunidad”, la más extensa de España, con 94.000 kilómetros cuadrados de territorio y una densidad de población muy baja.
Esto, según Igea, coloca a Castilla y León en “una situación de debilidad” con respecto a otras comunidades españolas.
Por ello demandó, en nombre del Gobierno de Castilla y León, una nueva Ley de Financiación autonómica que tenga en cuenta este hecho, es decir que no solo se tengan que modular las políticas de financiación por la despoblación o el envejecimiento, sino que también tengan en cuenta que hay una gran parte de los servicios que se prestan al territorio.
Personal sanitario
Con el mismo argumento se refirió a la Sanidad para explicar que todo el mundo puede entender que el gasto en farmacia se presta a cada individuo, pero cuando se habla de infraestructuras sanitarias o de personal sanitario hay que tener en cuenta que “Castilla y León necesita tres veces más gasto en personal sanitario en las zonas despobladas que en las grandes capitales”. Es decir, que si el 50 por ciento del gasto sanitario de Castilla y León se destina al personal sanitario, esa partida en Castilla y León es “tres veces más cara”, aclaró.
“Y eso se tiene que ver reflejado en la nueva Ley de Financiación Autonómica”, insistió. Porque, como destacó, Castilla y León “se aleja cada vez más de la media del PIB europeo”, está perdiendo convergencia y necesita urgentemente una nueva ley de financiación y unas nuevas políticas que son las que se están tratando de implementar en este gobierno de coalición.
