El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó por unanimidad una PNL del Grupo Popular para instar la Junta a pedir al Gobierno de la nación que mejore la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia al que debe aportar el 50% frente al 23,6% que aportó hasta la fecha, según consta en el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Asimismo, las Cortes de Castilla y León apoyaron instar al Ejecutivo central a realizar una distribución de las subvenciones para actividades de interés social con cargo al 0,7 por ciento del IRPF “proporcionalmente por igual” entre todas comunidades autónomas “o, al menos, con criterios objetivos pactados entre todas” para evitar que unas crezcan un 10% frente al 1,2% anunciado para Castilla y León.
A pesar del consenso parlamentario, populares y socialistas se enzarzaron en este debate en lo que la procuradora por Ciudadanos Inmaculada Gómez había augurado como “el clásico y tú más” por lo que invitó a los partidos a dejar a un lado “peleas partidistas” para solicitar “el respaldo presupuestario que corresponde y que es muy necesario en Castilla y León”, como compartió también la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, quien, no obstante, acusó al PP de practicar “mucha demagogia” y tener “bastante poca vergüenza” al pedir ahora lo que no hacen cuando están en el Gobierno.
El procurador proponente, el popular Miguel Ángel García Nieto, reconoció que la Ley de la Dependencia fue una “muy buena” norma impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al que afeó su “yo invito y tu pagas” y evidenció que en trece años de vigencia la mayor aportación llegó en 2018 con la consignación de 134,5 millones de euros en unos presupuestos del PP por lo que la Junta de Castilla y León financia el 76,35 por ciento restante, 434,5 millones de euros.
“Bienvenidos de verdad a reclamar una cosa tan sencilla y simple como que el Estado cumpla con la Ley y abone el 50% y que pague lo mismo”, ironizó García Nieto en respuesta a la socialista Rosa María Rubio que ha acusado a los populares de Castilla y León de haber permanecido “callados” y “con la boca cerrada” cuando el Estado dejó de ingresar 143 millones en 2013, 135 en 2015 o 146 en 2017, a lo que el proponente respondió que en la anterior legislatura el Grupo Popular dio el visto bueno a una PNL similar del principal grupo en la oposición.
Rubio explicó también que los criterios de reparto de las subvenciones para actividades de interés social con cargo al 0,7 por ciento del IRPF fueron aprobados por todas las comunidades autónomas en el modelo mixto impulsado por la ministra del PP Dolors Montserrat.
“A lo mejor a Alicia García se le olvidó y tampoco dijo nada cuando no llegó más dinero”, ironizó mientras que García Nieto se reafirmó en que la Junta no participó en los criterios de reparto ya que el Ministerio se comprometió a fijar unas premisas “justas y equitativas” a través de un Real Decreto que ha sido “paralizado” por el Ejecutivo de Sánchez.
