El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez, se mostró convencido de que desde un “ejercicio de la responsabilidad” la Junta y los sindicatos llegarán a un punto de entendimiento en la negociación para la aplicación de la jornada de 35 horas ya que asegura que lo que separa a ambas partes es una diferencia de “siete meses” en la fecha de su implantación.
Ibáñez se expresó así en torno a la reunión que mantuvo con UGT, CCOO y CSIF, que aseguraron que la Junta quería romper el acuerdo firmado y negociar uno nuevo que supusiera la aplicación efectiva de las 35 horas a partir del 1 de diciembre de 2020 después de mantener entre junio y septiembre del próximo ejercicio el horario estival, que supone de facto esa jornada.
El consejero de la Presidencia negó que la Junta haya roto acuerdo alguno e hizo un llamamiento a la “responsabilidad”, tras lo que se expresó convencido de poder llegar a un acuerdo.
Ibáñez cifra la diferencia que separa a las partes en siete meses porque, aseguró, los sindicatos plantean que se ponga en marcha el 1 de enero y, aunque la Junta lo retrasa en su propuesta al 1 de diciembre, por medio estaría el periodo estival con 35 horas, por lo que se dejaría de aplicar sólo de enero a mayo inclusive, octubre y noviembre.
El consejero reiteró que el objetivo y el compromiso de la Junta es la aplicación de la jornada 35 horas ordinaria como estaba firmado, sin que tenga voluntad de romper ningún acuerdo.
“Seguimos en la negociación con todo el ánimo de acercar posturas”, insistió, y concretó que su propuesta supondría la jornada estival como este año y “empezar a desplegar con todas las capacidades” la jornada ordinaria de 35 horas el 1 de diciembre.
El consejero reconoció que los sindicatos entienden que la referencia debería ser el 1 enero del año que viene, por lo que se emplazaron para el lunes con la voluntad de la Junta de continuar la negociación y conocer “cómo y cuándo” se puede aplicar el acuerdo que nunca han roto porque no se han levantado de la mesa.
DIFICULTADES
A este respecto, aclaró que el Ejecutivo autonómico insiste en poner sobre la mesa las “dificultades y complejidad” que ya explicó porque tiene que tomar una decisión desde el punto de vista “responsable” para los empleados públicos, pero también para los servicios públicos y los castellanoleoneses.
En este sentido, apeló a esta responsabilidad de los sindicatos para llegar a un acuerdo, ya que la Junta tiene “el mejor de los ánimos” y la distancia que separa entre lo que una parte puede pretender y lo que se puso sobre la mesa son siete meses.
Por otro lado, a Junta de Castilla y León publicó ayer los servicios mínimos de cara a la huelga de 2,5 horas convocada por los sindicatos entre los empleados públicos el próximo viernes, 25 de octubre, para reclamar la implantación de la jornada de 35 horas.
En concreto, los servicios mínimos se contemplan en el acuerdo de la Consejería de la Presidencia publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos durante la jornada de huelga convocada para el día 25 de octubre de 2019.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF convocaron esta huelga, cuyo aviso registraron el 25 de septiembre, para reclamar la implantación de la jornada de 35 horas y se enmarca en las movilizaciones que culminarán con una huelga general el 6 de noviembre.
