La Junta de Castilla y León pretende incluir en su nuevo Código Ético la obligación para todos sus altos cargos de hacer públicas todas las reuniones que mantengan y rechazar los regalos que pretendan hacerles, incluidas las entradas deportivas o culturales, aunque tengan un “valor residual”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea (Cs), remarcó que sólo habrá una “posible excepción” en el caso de la publicación de las agendas cuando la comunicación de una reunión pueda causar un “perjuicio a la Comunidad”, pero para evitar su publicación deberá contar con el “consentimiento de toda la Junta de Gobierno”.
Sobre la publicación de las agendas, Igea remarcó que esta exigencia con la transparencia es extensible a todos los cargos públicos, también los de “todos y cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad”, aunque no estén concernidos directamente por la normativa autonómica a este respecto.
Acerca de los regalos, el vicepresidente detalló que en este nuevo Código Ético se produce un “endurecimiento” de las condiciones que, en términos generales, “la norma es que están prohibidos”.
No obstante, en el caso de que el rechazo del regalo pudiera considerarse como una descortesía para quien lo entrega, y puso como ejemplo una manualidad de una ONG, Igea explicó que la alternativa sea dejarlo en depósito en la Consejería que corresponda.
La norma prevé, para las invitaciones a actos culturales, deportivos o lúdicos, que el alto cargo deberá tener incluida la asistencia al mismo en su agenda, ya que en caso contrario deberá rechazar la invitación o pagar de su bolsillo el acceso.
Y en el caso de las comidas, Igea avisó de que “cualquier alto cargo que tenga una reunión con cualquier empresa primero tiene que comunicarlo”, mientras que tendrá que pagar aquellas que no sean en “representación institucional”.
El nuevo Código Ético aborda también el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos, aunque en este caso pretende “precisar las condiciones” en las que un alto cargo que viva en una provincia distinta a la de su centro de gestión pueda utilizar algún vehículo oficial, siempre que de manera preferente lo use de forma compartida y suponga un menor coste que otras alternativas.
El consejero de Transparencia anunció también la próxima aprobación de una nueva Ley de Transparencia, ya que la Junta ha considerado que la modificación de la vigente era de tal envergadura que precisa de una nueva norma.
Principalmente esta futura norma se detendrá en la extensión de las obligaciones que prevé la ley actual a otras entidades como los ayuntamientos, las universidades y las empresas y entes públicos, además de determinar que la publicidad institucional se ajuste a “criterios objetivos” que permitan evaluar los resultados.
Régimen sancionador
Además, la futura ley incluirá un régimen sancionador porque, en palabras de Igea, “no existen leyes y no existe poder coercitivo si no existe un régimen sancionador”, lo que consideró que es un “gran paso en el camino de la transparencia”.
Preguntado por si había habido algún caso de sanción a algún alto cargo de la Junta desde que se aprobó la ley actual, Igea dijo que desconocía ese dato porque lleva “tres meses” en la Junta, pero añadió que actualmente tienen el régimen disciplinario que tiene el personal de las administraciones públicas.
“Es la propia Junta la que nombra y destituye a los altos cargos”, resumió.
