La Junta de Castilla y León no recuperará de forma inmediata la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos, como había acordado con los sindicatos, porque su coste sería de entre 110 y 120 millones y supondría un escollo más a la hora de cumplir el objetivo de déficit.
Así lo anunció, al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, quien anunció que la próxima semana se reunirán con los sindicatos que firmaron el acuerdo para explicarles la situación, ligada también a la demanda de los 440 millones de entregas a cuenta de años anteriores, y alcanzar algún tipo de pacto para aplicarlo “de manera progresiva”.
Igea indicó que no sería “sensato” tomar la decisión de recuperar las 35 horas de jornada para los cerca de 80.000 empleados públicos de la Comunidad y que el Ministerio de Economía, dentro del escenario de “requerimientos amenazando con el cumplimiento de la ley” en materia de déficit público, “obligue” a la Junta a tomar medidas de recorte y “suspender” esa misma decisión.
De hecho, aunque prefirió no desvelar la cuantía de los recortes que tendría que acometer la Junta para cumplir con el objetivo de déficit de 2019, el portavoz ha reconocido que si el Gobierno central no ingresa los cerca de 440 millones de euros de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA pendiente de años anteriores será “muy complicado” que la Comunidad cumpla con el déficit.
“Centraremos nuestros esfuerzos en todo aquello que sea más prescindible”, deslizó el vicepresidente, convencido de que las decisiones de la Junta asegurarán el funcionamiento de los servicios públicos y el mantenimiento de las condiciones de los empleados públicos.
Igea ironizó con el “intercambio epistolar” que se produjo en las últimas semanas entre el Gobierno autonómico y el central por las discrepancias existentes sobre la posibilidad de que Castilla y León ingrese esa actualización de las entregas a cuenta, sobre lo que el Ministerio acaba de plantear a la Junta que está buscando “alternativas”, según la carta recibida por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha distribuido la Junta.
El portavoz afirmó que contaban y tenían presupuestados esos 440 millones como ingresos, pero en la carta del Ministerio la titular de esta cartera de Economía y Hacienda recuerda que, de la información facilitada por la Junta, no observa en Castilla y León “tensiones de liquidez” que hagan imprescindible esta transferencia económica para cumplir con la estabilidad presupuestaria.
Por esta razón, Igea anunció que remitirán al Ministerio la previsión de gasto de los 120 millones de euros necesarios para cumplir con el acuerdo de recuperación de las 35 horas de jornada laboral para los empleados públicos, como muestra de las dificultades financieras que ponen en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit.
Sobre esto, Igea planteó que la medida tendría un “evidente impacto” sobre el déficit, por lo que será incluida en la comunicación al Ministerio, junto con la serie de “medidas correctoras” que pretende tomar la Junta para cumplir con esta obligación, si bien ha insistido en que no serían necesarias en caso de contar con los 440 millones.
En este sentido, el vicepresidente demandó al Ministerio un trato igual a la hora de cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, por lo que ha remarcado que no tolerará “un trato desigual” que perjudique a Castilla y León.
Se quejó de que el PSOE regional no haya demandado junto al PP y Cs la entrega de esta cantidad como sí hicieron los socialistas de Castilla-La Mancha.
