El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, consideró “prioritario y urgente” la necesidad de acometer una “profunda reforma” del actual sistema de financiación autonómica, que tildó de “obsoleto e insuficiente” ya que, según ha asegurado, supusó un retroceso en la financiación de esta Comunidad.
Según aseguró el titular de Economía y Hacienda en su comparecencia ayer en las Cortes donde detalló el programa de su departamento para esta legislatura, el peso relativo de Castilla y León en el sistema de financiación se redujo del 7,12 por ciento en 2008, último año de aplicación del modelo anterior, al 6,34 por ciento en 2017, último año de liquidación del modelo vigente.
“Es fundamental contar con un nuevo modelo de financiación autonómica que nos asegure los recursos para garantizar la equidad de los servicios públicos de las personas en todo el territorio”, defendió el consejero castellanoleonés que ha reclamado que la nueva financiación atienda el coste real de los servicios públicos esenciales de educación, sanidad y servicios sociales, con especial incidencia en el déficit de la financiación del gasto sanitario y en la dependencia.
También reclamó que se valore, en el caso de Castilla y León, la realidad demográfica y socioeconómica “teniendo en cuenta en mayor medida la extensión territorial, la dispersión geográfica, la baja densidad o el envejecimiento poblacional”.
Tras comprometer el diálogo del Gobierno de Castilla y León y el central y con el resto de las comunidades basado en la “lealtad institucional”, Carlos Fernández Carriedo ha sido tajante al asegurar que la Junta rechazará “cualquier tipo de negociación bilateral” desde el convencimiento de que el futuro modelo de financiación autonómica debe ser el resultado de un consenso multilateral entre todos los territorios.
En este sentido, aseveró que la Junta de Castilla y León velará por la efectividad del principio de lealtad institucional que impida que las decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a las prestaciones de servicios encomendados, bien porque se aumenten sus gastos o se reduzcan sus ingresos.
Según criticó, el Gobierno de la nación adoptó en los últimos tiempos “determinadas medidas” que suponen más gastos para las comunidades autónomas pero “sin compensación alguna para las mismas”.
Tarifa regional del IRPF
La Junta estudiará la posibilidad de efectuar reducciones en la tarifa autonómica del IRPF “si las circunstancias económicas lo permiten” y, en cualquier caso, mantendrá los actuales tipos que sitúan a Castilla y León como la segunda comunidad autónoma de régimen común con los tipos medios más bajos, sólo superada por Madrid.
Este es uno de los compromisos asumidos por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que detalló el programa de legislatura que busca bajar impuestos para avanzar en un modelo tributario “más justo y moderado” y “al servicio de las personas” que favorezca el crecimiento económico y la mejora de la vida de los castellanoleoneses.
“Tenemos prevista una política fiscal ventajosa en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el IRPF y, muy específicamente, una fiscalidad favorable en el mundo rural”, resumió el consejero que anunció que evaluará la posibilidad de mejorar las deducciones ya existentes por nacimiento de hijos y para familias numerosas y las que tengan relación con los jóvenes en el medio rural, donde se aplicará la “fiscalidad favorable” que prevé el acuerdo de Gobierno con Cs como el aumento de las bonificaciones y deducciones del IRPF para los contribuyentes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.
