Los grupos parlamentarios del PP y Cs, que suman 41 parlamentarios, registraron ayer una propuesta de reforma exprés del Estatuto de autonomía de Castilla y León para suprimir los aforamientos de los consejeros y presidente de la Junta y de todos los procuradores de las Cortes.
La iniciativa, que detallaron ayer en rueda de prensa los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo, requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara autonómica, que tiene 81 parlamentarios, para salir adelante; y además el respaldo del Congreso ya que se trata de una reforma de una ley orgánica por afectar al Estatuto de Autonomía.
De la Hoz confió en que la reforma se tramite por el procedimiento de lectura única a partir de septiembre en las Cortes regionales y que pueda llegar al Congreso a final de año, aunque advirtió de que llevará su tiempo.
Amigo explicó que Podemos, con dos procuradores, y Vox y Por Ávila, con uno cada uno, respaldan la reforma, mientras que el único representante de UPL les planteó que la reforma sea más amplia.
En la misma medida se expresó el PSOE, que tiene 35 procuradores, que apoya que se supriman los aforamientos, como ya defendió en la anterior legislatura aunque no prosperó por limitarlo el PP a los procuradores, y que pide que se aproveche la reforma para incluir en el Estatuto un suelo social.
Esta reforma urgente del Estatuto para suprimir todos los aforamientos, también los que afectan al presidente de la Junta y sus consejeros, es el punto dos de los cien del acuerdo de Gobierno que firmaron PP y Cs para gobernar Castilla y León, recordaron los dos portavoces.
En concreto, la reforma suprime del artículo 22.2 del Estatuto y del 29 lo referente a los aforamientos, que suponen que procuradores y miembros del Gobierno no sean juzgados en el caso de que se les abran causas penales por la justicia ordinaria sino por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, si el delito es en la Comunidad, o por el Supremo, en los otros casos.
En este momento no hay ninguna causa abierta a ningún procurador de Castilla y León ni miembro de la Junta, detalló el portavoz del PP, que precisó que si se abriera alguna se mantendría el aforamiento en tanto que se aprueba la reforma.
Proceso lento
De la Hoz explicó que se trata de un proceso lento y que son varias las Cámaras regionales que abordaron esa limitación o supresión de los aforamientos, aunque la única que la tiene en vigor es Canarias, mientras que las de Balares, Murcia, Cantabria y más recientemente Andalucía, todavía la están tramitando.
Algunas de esas reformas se plantearon en 2016 y 2017 y todavía ha estado ahí, añadió.
De la Hoz sostuvo que es tradición que todas las reformas del Estatuto se planteen con el acuerdo de todos los grupos, lo que les hubiera gustado que también hubiera sido así en este caso, aunque abrió la puerta a que el PSOE se sume y “abandone la visión cortoplacista” y “la radicalidad absoluta e insulto permanente” para entorpecer el gobierno PP-Cs.
El portavoz del PP insistió en que el PSOE pretende introducir en la reforma asuntos que nada tienen que ver con los aforamientos y recordó que todos los grupos llevaban en sus programas electorales otras reformas que requieren un debate más tranquilo y sereno.
