Las Cortes de Castilla y León blindarán por ley la caza a través de una Proposición de Ley (PL) que cuenta con el respaldo de PP, PSOE, Ciudadanos y UPL y que presentó ayer el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento autonómico.
El objetivo principal que persigue esta PL es asegurar en el tiempo “un marco jurídico estable” para la realización de la actividad cinegética mediante la constatación por Ley, en el marco de la normativa europea, nacional y de la Comunidad, de las especies cinegéticas que den garantía a la caza, mediante la reforma de la Ley de Caza de Castilla y León, señaló el Grupo Parlamentario Popular.
Los populares recuerdan que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acordó suspender en el día de ayer, “de forma provisional”, del Decreto por el que se regula la actividad cinegética de Castilla y León.
El partido animalista PACMA recurrió en su día ese marco normativo y, simultáneamente, solicitó del TSJ que, de forma cautelar, hasta el momento de dictar sentencia se paralizase la aplicación del decreto por los “perjuicios” que podría causar a la fauna salvaje su aplicación durante dicho periodo, explican los populares.
La Sala no dicta sentencia, aclaran, sino que se limita a resolver, por medio de auto, la medida cautelar solicitada y entiende que no se puede aplicar el decreto antes de dictar sentencia, acogiendo la tesis del PACMA al estimar que es un interés más necesitado de protección el de la conservación de la fauna silvestre que los daños a los intereses generales y de terceros, que reconoce se pueden producir por la suspensión acordada.
El Grupo Popular considera que Castilla y León no puede prescindir de la caza. Además de su componente cultural y tradicional, ya que al margen de ser un recurso económico “muy importante” tanto para los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, en su mayoría administraciones locales como Ayuntamientos y Juntas Vecinales con cuyos recursos financian servicios públicos, que se verían mermados en su financiación, y también para distintos sectores económicos de hostelería y servicios en el medio rural que giran en torno a dicha actividad, y por tanto es empleo y fijación de población, es un medio “imprescindible” para contribuir al control sanitario de la fauna salvaje, y por ende de la sanidad de la cabaña ganadera, e indirectamente de las personas.
También lo es para reducir “riesgos” a la seguridad vial y la protección de la vida e integridad de los conductores y pasajeros de vehículos en las carreteras. Además, continúa el comunicado, es esencial para el propio control poblacional de las especies que es garantía de su estado de conservación favorable, así como para mantener las especies más vulnerables cuyo hábitat y desarrollo se vería comprometido por la competencia en el medio de una fauna descontrolada.
Por ello, el Grupo Popular considera que la Junta siempre ha hecho una gestión “responsable” de sus competencias en materia de caza, que fueron limitando el número de ejemplares cazables por los titulares de esos aprovechamientos, los titulares de los cotos de caza, en atención a los informes técnicos, para que se garantice la sostenibilidad de las especies.
Una caza “responsable y sostenible”, añaden que garantizó que dicha actividad haya sido un “instrumento equilibrado” al servicio de un control poblacional imprescindible para mantener las poblaciones de fauna silvestre en un estado de conservación favorable. Esto está avalado por los resultados, por los informes técnicos y por informes ajenos a la Junta de Castilla y León.
