El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del denominado caso de ‘La Perla Negra’, dictó auto de imputación contra doce personas, entre ellas los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, otros cuatro excargos de Gesturcal y ADE y seis empresarios más por distintos delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo.
En su auto, según una información de la SER recogida por los medios, el instructor, César Gil Margareto, cierra así la instrucción de una causa declarada en 2016 de especial complejidades con una treintena de personas investigadas y acordó seguir los trámites de procedimiento abreviado contra doce imputados tras considerar que actuaron en connivencia en las compras del Edificio de Soluciones Empresariales (‘La Perla Negra’) en Arroyo y de terrenos en Portillo para un polígono industrial que no llegó a ejecutarse.
Entre los implicados incluyó a la cúpula de la Consejería de Economía en la época en la que estaba al frente Tomás Villanueva —que quedó fuera debido su fallecimiento— y compuesta por Rafael Delgado Núñez, quien ocupó distintos cargos como segundo del anterior, tanto en calidad de viceconsejero como luego secretario y en ADE Internacional, Gesturcal y ADE Parques; Begoña Hernández, también viceconsejero del ramo y con puestos en esas mismas sociedades; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.
Junto a ellos, el juez situó a los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.
El rosario de delitos atribuidos se incluyeron revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y/o cohecho.
Del auto se dio traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas a fin de que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias.
Connivencia
El instructor, a través de catorce páginas, entendió que la cúpula de la Consejería de Economía entonces dirigida por Tomás Villanueva e integrada por Rafael Delgado y Begoña Hernández actuó en connivencia con distintos empresarios, tanto de Urban Proyecta como de Parque Empresarial de Portillo, para favorecer a estos últimos en los procesos de compra por parte de la Administración regional de ‘La Perla Negra’ en Portillo, inmueble destinado a aglutinar distintos servicios administrativos, y de terrenos en Portillo para un polígono que no llegó a ejecutarse.
En la primera de ambas operaciones, el instructor hizo referencia a la información “privilegiada” de la que gozó Urban Proyecta, hasta el punto de que su oferta para la adjudicación del contrato fue la única presentada. “Luego se realizan una serie de maniobras consistentes en primero, formar la mesa de contratación en la ADE y ante el intento fallido por la resolución de la adjudicación ya que no interesaba a la adjudicataria la condición resolutoria, en segundo lugar, se deriva la operación a Gesturcal, sin ningún tipo de justificación porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo y sin ser parte del objeto social de la misma”.
