El Pleno de las Cortes de Castilla y León apoyó ayer con los votos de PP, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto —el PSOE votó el contra— la posición “clara y contundente” del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, al que el martes reclamó un plan estatal de alternativas para las cuencas mineras.
Se trata precisamente de una adición del Grupo Popular a la propuesta de resolución de su PNL planteada para pedir al Gobierno de la nación que rectifique sus decisiones en materia energética ya que, según advirtió el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, son “extraordinariamente peligrosas” para toda la sociedad de Castilla y León y para el empleo de la Comunidad, con una mención expresa al riesgo que supondrá para la industria de la automoción la prohibición a partir de los vehículos propulsados por combustibles fósiles, un augurio que fue rechazado por PSOE, IU y Podemos que pidieron que no se siga destruyendo el plantea mientras los empresarios se llenan los bolsillos.
El Pleno dio el visto bueno también a la petición del PP para que se modifiquen los criterios de reparto de los fondos disponibles para actuaciones de infraestructuras del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2019 para hacerlos proporcionales a las comunidades autónomas beneficiarias para que la asignación a Castilla y León no sea inferior al 40 por ciento.
También apoyaron que se proceda a tramitar el Acuerdo Suplementario del Convenio Marco para la promoción de las zonas mineras del carbón firmado en octubre de 2016 para incorporar en el anexo de actuaciones al polígono de Carrocera, la variante de Guardo y el proyecto de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Bembibre para su financiación.
Según explicó el procurador de Podemos Félix Díez, la formación morada dio el visto bueno a estos planteamientos de “churras y merinas” por considerar que era lo único salvable del “refrito del infierno” que ha planteado el PP a modo de programa electoral “para ganar algún mísero voto” o para ponerse “la venda antes de la herida” para tapar 32 años de gobierno regional en los que han certificado el fin de la minería .
Las culpas
“Si no quedan mineros la culpa no ha sido de extraños sino del PP de Mariano Rajoy que pidió en febrero de 2012 las ayudas al cierre de las minas de interior”, recordó el procurador de Podemos en la misma línea que el socialista Óscar Álvarez que explicó que ese plan de cierre negociado con las eléctricas ha llevado a que no invirtieran en las térmicas.
“Vendrá algo más, no tenga duda”, garantizó el procurador socialista a Raúl de la Hoz al que aclaró que el Ministerio para la Transición Ecológica ha planteado un borrador de Ley de cambio climático para el que ha pedido la mayor participación posible con planteamientos “serios” y “sosegados” en sintonía con las recomendaciones de Europa, entre las que ha citado las del propio comisario Miguel Arias Cañete que, según ironizó, no es un “rojo peligroso”.
En el caso de Ciudadanos, Manuel Mitadiel abogó por acompasar el desarrollo medioambiental y el económico desde el convencimiento de que hay que descarbonizar la economía y rechazó gobernar a golpe de improvisaciones para prolongar la agonía sin poner alternativas sobre la mesa. “Hay que crear certezas mediante una estrategia nacional para la descarbonización del transporte”, defendió Mitadiel que reclamó un mayor esfuerzo financiero y de investigación para los vehículos movidos por otras energías al mismo tiempo que rechazó hablar más del pasado que del futuro.
