El Consejo de Gobierno autorizó la concesión de una aportación de 195.000 euros al Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León dirigida a financiar la organización de certámenes expositivos y congresos que contribuyan al desarrollo económico de la Comunidad. Esta ayuda está vinculada a la participación de la Junta en el órgano consorcial de la entidad, junto a las instituciones provincial y autonómica.
La cuantía que otorga la Consejería de Economía y Hacienda a la Institución Ferial tiene por objeto apoyar las actividades promovidas dentro del calendario de programación correspondiente a 2018, entre las que se incluyen certámenes feriales de carácter internacional, nacional, autonómico o local, así como congresos, convenciones o jornadas técnicas.
El respaldo a este tipo de iniciativas, en particular las ferias, constituye un estímulo para los sectores directamente implicados en su desarrollo y para otros afines como la hostelería, la industria, el espectáculo o la cultura en general, que se benefician del efecto arrastre que generan estos eventos en términos económicos y de empleo.
El apoyo de la Junta a la Institución Ferial de Castilla y León está vinculado a su participación en el Consorcio de este ente, del que también forman parte el Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia y la Diputación Provincial de Valladolid.
Cambio climático
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión directa de subvenciones a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT de Castilla y León y a la Confederación de Empresarios de Castilla y León, CECALE, por importe de 450.000 euros, para desarrollar las líneas estratégicas que faciliten una transición justa frente al cambio climático hasta el año 2020.
Cada uno de estos agentes sociales, CCOO, UGT y CECALE recibirá subvenciones por importe de ciento cincuenta mil euros repartidos en las tres anualidades hasta 2020, con el fin de desarrollar las cuatro líneas estratégicas definidas en el Acuerdo para promover una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020, firmado el pasado mes de febrero en el marco del Consejo del Diálogo Social.
Su objetivo general es acelerar la modernización de los centros de trabajo adaptándonos a las exigencias y demandas tanto políticas como sociales en materia medioambiental y generar empleos verdes y de calidad, en un modelo de economía circular, baja en dióxido de carbono.
Entre las líneas estratégicas del contenido destacan conseguir centros de trabajo sostenibles, desde la sensibilización e información al tejido empresarial de la Comunidad de Castilla y León en materia medioambiental, así como desde el impulso de los cambios que sean precisos.
Por otro lado, se pretende investigar y promover una transición justa, a fin de hacer un buen diagnóstico de las necesidades y oportunidades que ofrecen las especificidades de Castilla y León para llevar a cabo dicha transición. Además, se persigue el objetivo de implicar a las personas trabajadoras como a la ciudadanía en general, partiendo de la consideración de que los trabajadores, a través de sus representantes, puede y debe participar en la mejora medioambiental de sus centros de trabajo.
El Acuerdo de París de 2015 marcó una serie de objetivos a cumplir en los próximos años y las agendas mundiales y europeas incorporaron como el reto más importante el de no superar en 2ºC la temperatura media del planeta, lo que obligará a hacer frente a las repercusiones que tiene en el mundo del trabajo el proceso de transición a una economía baja en dióxido de carbono.
La Junta de Castilla y León es consciente de la necesidad de seguir avanzando e impulsando actuaciones encaminadas a propiciar el desarrollo de un modelo de sostenibilidad para afrontar el cambio climático, reto que va a suponer una revolución en las formas de ser y hacer de la empresa y la sociedad en general con los consiguientes cambios en los hábitos de vida.
Residuos
El Consejo de Gobierno autorizó al consejero de Fomento y Medio Ambiente la formalización de un convenio de colaboración con la Diputación de Burgos y con el Consorcio de tratamiento de residuos sólidos para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en esta provincia.
El importe del convenio es de 2.533.880 euros, de los que la Junta aportará 733.880 euros. Con esta firma se completan los acuerdos con las nueve diputaciones de Castilla y León para la restauración de escombreras e implantar un sistema alternativo para la gestión de residuos de construcción y demolición.
Las líneas generales de actuación comprometidas en este convenio son las mismas que para el resto de las diputaciones, y consisten en la ejecución de los trabajos de restauración de un total de 122 escombreras en el caso de Burgos que forman parte del Inventario de Vertederos Ilegales de Residuos de Construcción y Demolición, y en la realización de acciones encaminadas a evitar la aparición de nuevos depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente será responsable de contratar y ejecutar los trabajos de restauración de las escombreras, así como las asistencias técnicas necesarias, tales como proyectos técnicos, direcciones de obra o asistencias técnicas a esta; y de financiar los trabajos de restauración de las escombreras por un importe máximo de 733.880 euros.
Además, deberá compartir con la Diputación y el Consorcio de residuos sólidos la información precisa para la ejecución de las actuaciones que corresponda.
