Cáritas Castilla y León invirtió 32,8 millones de euros a lo largo de 2017 en sus programas, que llegaron a más de 55.000 personas pero que beneficiaron a 97.066 personas en un año en el que la organización ha advertido que aunque parece que ha pasado la crisis, ésta ha dejado una sociedad “más fragmentada” y los problemas de personas excluidas se “cronifican e intensifican”. Así lo señaló el presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, quien presentó la memoria de la entidad junto al obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.
Martín de Lera, antes de concretar los datos de la memoria, destacó del pasado ejercicio que aunque se dice que la crisis ha acabado, “probablemente para algunos”, para las personas que acuden a Cáritas ésta continúa tanto la crisis como la situación de vulnerabilidad y de exclusión.
En esta línea, advirtió de que esta crisis ha dejado una sociedad “cada vez más fragmentada, más dividida”, con un alrededor de un 20 por ciento de la misma en situación de pobreza, exclusión o riesgo de padecerla, pero además hay una “realidad” en la que el trabajo no garantiza “vida digna” y cada vez más gente que acude a la entidad católica está en una situación en la que no llega a final de mes a pesar de tener empleo, ya que éste es por horas, días o precario.
Además, otra de las preocupaciones que señaló el presidente de Cáritas Autonómica es la despoblación y envejecimiento de la Comunidad, con cada vez más mayores y jóvenes que se tienen que ir fuera para buscar una vida “digna”.
Tras aclarar estas preocupaciones de la organización, Martín de Lera explicó que Cáritas ha atendido a través de sus programas a 55.308 personas (algo menos que el año anterior, cuando fueron 56.779) y ha beneficiado a 97.066 (100.614 en 2016).
Aunque en cifras “absolutas” pueda parecer un descenso, aclaró el presidente de Cáritas, no quiere decir que esto sea así, ya que en estos datos influye el envejecimiento y la marcha de la población, además de que probablemente haya también algunas personas que han salido de la crisis.
En este sentido, señaló que se incrementan las intervenciones porque hay personas que ya acudían para demandar ayuda y que ahora lo hacen en más ocasiones debido a que las prestaciones sociales disminuyen y los ahorros o “colchones” de las familias se reducen.
En cuanto a los programas que lleva a cabo la organización, al que más fondos se han destinado es el de mayores, con 10,87 millones de euros, la mayor parte de ellos para atender a personas en residencias (858 personas, lo que supuso 10,80 millones) y otros 1.521 mayores fuera de ellas (68.000 euros).
Demanda creciente
Precisamente en cuanto a los mayores, Martín de Lera aseguró que es una demanda creciente y se prevé que se incremente en los próximos años debido al envejecimiento de la población. Además, explicó que es un colectivo muy importante que a veces está “silenciado” y en situación de “exclusión” y muchas veces lo que requieren es hacer frente a problemas como la soledad o la falta de recursos que les impiden ir a residencias por las pensiones o dineros con los que cuentan, que no les llegan.
La acogida y atención primaria supuso una inversión de 5,21 millones de euros y benefició a 61.467 personas, sobre todo en la demanda de lo más básico como pagos de recibos, pobreza energética, etcétera, con una demanda “creciente” en todo lo relacionado con la vivienda. Otro conjunto de programas que suman 6,3 millones de euros que han permitido atender a 7.485 personas sin hogar, más de 2.500 drogodependientes 1.125 reclusos, 233 personas pertenecientes a minorías étnicas y 54 enfermos de sida, entre otros.
A personas vulnerables, mujeres, infancia, etcétera, se han destinado 3,4 millones de euros y a empleo otros 3,7 millones de euros, ha detallado el presidente de Cáritas Autonómica. Por lo que se refiere a las fuentes de financiación, el 71,19 por ciento procede del ámbito privado, mientras que el resto, un 28,81 por ciento son fondos públicos. En concreto, en cuanto a estos últimos, la mayor parte llegó de la Junta de Castilla y León, con 5,6 millones, otros 2,57 del Estado, 970.000 euros de las administraciones locales (ayuntamientos), 251.000 de las diputaciones y 327.000 las ayudas de la Unión Europea.
