El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, señaló como “próxima frontera” asumir la gestión de la educación infantil, aunque lo ha condicionado a una mejora de la financiación autonómica, ya que serían necesarios 150 millones.
Así respondió durante el Pleno de las Cortes a la procuradora socialista Virginia Barcones, que amenazó a la Junta de Castilla y León con pedir a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) que inicie las acciones legales para obligar a la Administración autonómica a que se haga cargo de los costes que suponen las escuelas infantiles.
Rey señaló que si una nueva financiación autonómica permitiera esos 150 millones de euros, se haría. “No llevo suelto ahora”, dijo el consejero tras lo que señaló que para ello también sería necesario un Pacto de Estado por la Educación, del que “el PSOE se ha apeado”.
“Sus hechos no me dejan escuchar sus palabras”, añadió el consejero, quien rechazó que las competencias en esta educación sean “impropias” de las entidades locales como señala el PSOE.
Por su parte, Barcones insistió en lo mismo que ya anunció el pasado viernes con motivo de la celebración del Consejo de Alcaldes del PSOE, que reclamarían a la Federación de Municipios que iniciase acciones legales para reclamar las ayudas que les correspondan para sufragar los costes de las escuelas infantiles.
La procuradora socialista afirmó que la Ley obliga, aunque sea una educación voluntaria para las familias hasta los seis años, a dar una oferta “suficiente”, algo que considera que no hace.
En concreto, la socialista aseguró que hay 50.630 niños de cero a tres años y la Junta sólo da servicio a 2.300, un 4,5 por ciento, pero además la oferta la tienen las entidades locales, que “salvan la cara y las vergüenzas” al Ejecutivo autonómico pese a no tener que hacerlo.
A este respecto, afirmó que el 93 por ciento de las escuelas son de titularidad local y sólo un 7 por ciento de la Junta, lo que supone que haya 31 centros del Gobierno autonómico y 403 de las entidades locales.
Barcones señaló que los niños de la Comunidad reciben este servicio gracias a los compromisos de los ayuntamientos y no a la Junta y ha criticado que además en 2012 se suprimieran las ayudas a los ayuntamientos. Así, ha afirmado que entre 2011 y 2018 ha habido un “recorte acumulado” a las corporaciones locales de 1.077 millones de euros, además de un déficit de atención de 50 millones de euros en comparación con otras comunidades autónomas.
En este marco, señaló que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a subvencionar este tipo de educación y a aportar con carácter retroactivo lo que se quitó.
Sin embargo, el consejero de Educación aclaró que dicha sentencia da la razón sólo al Ayuntamiento de Cornellá en su reclamación, pero porque el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge la obligación de la Generalitat de pagar este dinero, cuando en Castilla y León es diferente supuesto.
