Una nueva aplicación móvil es la principal novedad en la detección y notificación de posibles casos de desprotección infantil en Castilla y León, como así apuntó ayer en Palencia la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien presidió la reunión de la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales en la Escuela Castilla de la capital.
En concreto, la nueva aplicación ‘InfanciaCyL’, diseñada por la Junta, se trata de una app “pionera en España” en esta materia que cuenta con diversas utilidades como “comunicar posibles situaciones de desprotección”, acceder a la información general sobre el sistema de protección a la infancia en Castilla y León, acceso a noticias y eventos relacionados con la protección a la infancia, además de contar con una zona privada con otro tipo de funcionalidades concretas por ejemplo en materia de acogimiento familiar. El objetivo es “facilitar que desde un teléfono se puedan comunicar estos casos” reiteró ante los medios.
Asimismo, García indicó que este año la Consejería quiere avanzar en el impulso de actuaciones de prevención y protección a través de varias iniciativas más. Entre ellas estará la firma de protocolos con el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, con el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería y con el Colegio Oficial de Psicólogos.
Además, añadió que está próximo a concluirse un protocolo de actuación para la detección y notificación de posibles situaciones de maltrato dirigido a los profesionales de guarderías infantiles y de actividades de ocio y tiempo libre.
Por otra parte, la consejera puso de manifiesto la evolución creciente del presupuesto destinado a la atención a la infancia en la actual legislatura, ya que ha pasado de los 51,3 millones de euros de 2015 a los 57 millones este año, 5,7 millones de euros más.
Este presupuesto y el conjunto de actuaciones desarrolladas permitieron que en 2017 más de 42.100 menores se beneficiaran de los diferentes programas de promoción de los derechos de la infancia, prevención y protección y tutela de menores.
De esos 42.100 menores, 22.000 fueron atendidos por el sistema de protección a la infancia para prevenir situaciones de riesgo de desamparo y desprotección. Desglosando estos datos encontramos que 13.400 menores participaron en programas de prevención y cerca de 8.600 fueron protegidos por el sistema. A estos hay que sumar más de 20.000 menores que participaron en programas orientados a la difusión y promoción de los derechos de los niños.
Casos severos
Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha abierto 1.959 expedientes de protección en los casos de desprotección más severos en 2017, de los que 1.488 estuvieron tutelados por la Junta de Castilla y León. Asimismo, los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León recibieron en 2017 un total de 1.478 notificaciones, de las cuales 821 generaron investigaciones por corresponder a posibles casos de desprotección y el resto no eran casos de desprotección sino que se trataba de otras necesidades atendidas a través de otros recursos.
Respecto al origen de estas notificaciones, el mayor número procedió de corporaciones locales, en casi un 30 por ciento; del Ministerio Fiscal en casi un 20; seguido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en más de un 17 por ciento de los casos; del Sistema Sanitario, en un 7; de resoluciones judiciales, un 5,7; de vecinos, familiares y de los propios menores, en un 3,4 por ciento, y del Sistema Educativo, en un 2,6 por ciento.
En lo relativo a las causas de desprotección que motivaron la apertura de expedientes, destaca la negligencia física (falta de atención de las necesidades básicas del niño como alimentación, vestido o higiene), en un 26,6 por ciento de los casos; seguida de la negligencia psíquica (falta persistente de respuesta a las señales, emociones y conductas efectuadas por el niño), en un 20; el modelo inadecuado por parte de los padres, casi un 11; maltrato físico, en un 7,4, y el imposible cumplimiento de las obligaciones parentales (por enfermedad, incapacidad, ingreso en prisión, etc.), en algo más de un siete por ciento de los casos, según la consejera.
