La sanidad de Castilla y León volverá a centrar el debate parlamentario en el pleno de los próximos días 6 y 7 de marzo tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) que anuló las quince unidades de gestión clínica que se crearon por orden del 26 de septiembre de 2016 por no haberse negociado como requiere la ley.
En concreto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, aprovechará su cara a cara con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para preguntar si comparte las declaraciones del presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en las que reconoció que la sanidad de Castilla y León está “desordenada”.
“Ahora el señor Mañueco dice que teníamos razón”, ironizó Tudanca, en referencia a los años de críticas a la gestión de la sanidad pública en Castilla y León por parte de los socialistas, de las distintas plataformas y de los ayuntamientos. Dicho esto, el líder regional del PSOE ha cargado contra el “patético” intento de Fernández Mañueco por tratar de separarse de la gestión “de los suyos” ya que, según ha recordado, hasta que cogió las riendas del PP en abril de 2017 había sido el número dos de los populares y, anteriormente, consejero de un Gobierno de Herrera.
“No cuela señor Mañueco, no cuela”, advirtió Tudanca, que ha hecho un llamamiento también al presidente de la Junta para que reconozca los errores en la gestión de la sanidad de Castilla y León “y pida perdón por todo lo que ha dicho”.
Desde las filas populares su portavoz, Raúl de la Hoz, aclaró que las declaraciones de Fernández Mañueco sobre la sanidad de Castilla y León están en sintonía con lo que defendió siempre la Junta y el propio PP en el sentido de que la Comunidad cuenta con un “muy buen sistema sanitario” que, no obstante, presenta algunas “carencias” que hay que mejorar de forma dialogada con los profesionales.
De la Hoz puso el ejemplo de las listas de espera para reconocer que 77 días de demora para una intervención quirúrgica no puede ser un buen dato si bien ha aclarado que está por debajo de la media nacional y, sobre todo, de la demora en las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. “El objetivo es mejorar”, insistió el portavoz del Grupo Popular que ha rechazado cualquier “autocomplacencia” por parte del PP.
Tudanca y De la Hoz realizaron estas declaraciones tras la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces para organizar el pleno de la próxima semana en el que el Grupo Podemos también podrá en evidencia la “gran cantidad” de sentencias que están “enmendando la plana” a la política del “todavía presidente Herrera” en materia de sanidad.
Por su parte y según confirmó el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, el procurador Manuel Mitadiel preguntará al propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, cómo va a cumplir la sentencia que tumbó las 15 unidades de gestión clínica. Preguntado sobre si van a pedir la dimisión del titular de Sanidad, Fuentes abogó por escuchar primero sus explicaciones en la Comisión de las Cortes para adoptar después las medidas oportunas.
El portavoz de Ciudadanos anunció que su pregunta a Herrera versará sobre las iniciativas de la Junta para instar al Gobierno de la nación a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 del que dependen partidas “absolutamente necesarias” para Castilla y León como las relativas a las entregas a cuenta.
“Por lo menos que los lleven y se pongan encima de la mesa y luego ya votamos”, respondió el portavoz de Ciudadanos a preguntas de los periodistas sobre la ruptura del pacto para sacar adelante las cuentas de 2018, un término que rechazó Fuentes ya que, según insistió, todavía no se ha presentado el proyecto de presupuestos que, saldrá adelante, aseveró si el Gobierno cumple el acuerdo con C’s en materias como la rebaja de impuestos sin olvidar la necesidad de apartar a la senadora Barreiro.
En el caso del Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, volverá a acudir a su “tema estrella”, según reconoció, para preguntar a Herrera si la Junta recibió el expediente sancionador que abrió el Ayuntamiento de Retortillo a la empresa Berkeley por unas obras de desvío de una carretera y una balsa sin licencia ante el temor de que la sanción pueda llegar a caducar.
