Castilla y León tiene un 1,4 por ciento de personas dependientes en lista de espera, muy por debajo de la media española que alcanza el 24,5 por ciento, según el último balance del Sistema de Atención a la Dependencia.
En concreto, los datos a 31 de diciembre de 2017 señalan que de las 89.981 personas reconocidas como dependientes en Castilla y León 1.272 están desatendidas ya que otras 88.709 están consideradas como beneficiarias con prestaciones.
De hecho, el mayor porcentaje de los beneficios con prestaciones (24,80 por ciento) tiene acceso a la prestación económica vinculada a servicio, seguida de la prestación económica por cuidados familiares (21,0 por ciento) y de la ayuda a domicilio (19,12 por ciento).
A continuación se sitúan la prestación de prevención de dependencia y promoción de la autonomía personal (12,0 por ciento), la prestación por atención residencial (7,70 por ciento), la teleasistencia (7,59 por ciento) y la prestación para centros de día/noche (7,27 por ciento) con un residual 0,52 por ciento para asistencia personal.
En Castilla y León se registraron 112.121 solicitudes, el 7,14 por ciento del total, lo que representa el 5,03 por ciento en cuanto al porcentaje de población de esta Comunidad Autónoma, el segundo mayor ratio del país.
De los 89.981 beneficiarios con derecho a prestación en Castilla y León (el 78,99 por ciento en comparación con las resoluciones), 30.358 son de grado III, 30.520 de grado II y 29.103 de grado I.
Cataluña es la comunidad con más personas dependientes en lista de espera que revela que casi cuatro de cada diez dependientes (37,1 por ciento) de esta región no recibe la prestación o servicio a la que tienen derecho por ley tras ser evaluados, un dato que supera en 12,6 puntos porcentuales la media española (24,5 por ciento).
Los datos a 31 de diciembre de 2017 señalan que de las 224.261 personas reconocidas como dependientes en Cataluña, 83.203 están desatendidas. Al actual ritmo, esta comunidad autónoma precisaría de más de once años para acabar con el “limbo” en el que se encuentran estos dependientes, según la estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La lista de espera de Cataluña contrasta con la de Castilla y León, que ha acabado 2017 con la práctica totalidad de sus dependientes atendidos y solo un 1,4 por ciento pendiente de una prestación o servicio. Por el contrario, muy cerca de la comunidad catalana se sitúa Canarias, con más de un tercio de las personas dependientes sin ser atendidas (36,6%), seguida de Andalucía (31,8%) y Extremadura (27,2%).
El resto se sitúan por debajo de la media del 24,5%: Aragón (23,1%), Cantabria (22,6%), Madrid (21,5%), Navarra (19,8%), País Vasco (18,6%), Castilla-La Mancha (18,4%), Baleares (17,7%), Galicia (17,6%), Comunidad Valenciana (15,9%), Asturias (13,8%), Murcia (13,5%) y Ceuta y Melilla (9,1%).
Durante 2017, el saldo de la lista de espera se redujo en 38.189 personas en el conjunto de España, una cifra insuficiente para acabar con el limbo en el que se encuentran 310.120 personas. “A ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera”, señalan los directores de servicios sociales.
A estos les resulta «especialmente preocupante» que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes severos y grandes dependientes (120.368), que son los que necesitan prestaciones con mayor urgencia.
“El propio Ministerio reconoce en sus informes que, en 2017, una de cada cuatro de las personas con derecho a prestación que han causado baja (la inmensa mayoría por fallecimiento), no se encontraban recibiendo su correspondiente prestación”, alertan.
