Los portavoces de PP y Ciudadanos, Raúl de la Hoz y Luis Fuentes, cerraron una propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y eliminar los aforamientos de los procuradores de las Cortes de Castilla y León con el fin de avanzar así en “regeneración” democrática y para dar cumplimiento al acuerdo rubricado entre ambos grupos antes de la aprobación del Presupuesto General de la Comunidad para 2018.
Este acuerdo que tiene por objetivo modificar el artículo 22.2 del Estatuto se presentará el próximo miércoles al resto de grupos con representación en las Cortes después de que hayan comunicado por carta el texto propuesto referente a la supresión del aforamiento.
En concreto, en la propuesta acordada por PP y Ciudadanos se especifica que el mantenimiento de un fuero especial para los procuradores de las Cortes de Castilla y León “carece de sentido en la sociedad actual”.
“Los procuradores, como representantes de la totalidad del pueblo de Castilla y León deben seguir protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, lo cual no debe suponer en ningún caso una abstracción de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que ajenos a su normal desempeño parlamentario les impliquen de forma directa en cualesquiera procedimientos judiciales”, detallan en la propuesta.
De este modo, PP y Cs explican que la propuesta normativa busca “materializar y satisfacer” esta demanda de la sociedad de Castilla y León y contribuir a la mejora de la calidad política con la “actualización” del Estatuto para profundizar así en el “autogobierno”.
El Estatuto de Autonomía fue reformado en tres ocasiones: 1994, 1999 y 2007 y el procedimiento de reforma del mismo se encuentra regulado en el artículo 126 del Reglamento de las Cortes.
El texto a reformar propuesto por los portavoces de PP y Ciudadanos mantiene el artículo 22.1 en el que se establece que “los procuradores representan a la totalidad del pueblo de Castilla y León y no están ligados por mandato imperativo alguno” y elimina la mitad del punto 22.2 que quedaría: “Los procuradores, aún después de haber cesado en su mandato, gozarán de inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad salvo en el caso de flagrante delito”.
Así, en este último punto se retiraría del texto: “correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Fuera del territorio de la Comunidad la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
