El candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llenó ayer su discurso de investidura de promesas que afectan a todos los ciudadanos de Castilla y León y, fundamentalmente, a sus bolsillos. Así, se comprometió a no crear nuevos impuestos durante la legislatura y a la eliminación “total” del ‘céntimo sanitario’ fijado ahora en 1,6 céntimos por litro.
Herrera aseguró que el Gobierno que el dirigirá no implantará en los próximos cuatro años “ningún impuesto propio nuevo que pueda afectar a familias, pymes o autónomos” y anunció la elaboración antes de l fin de 2016 de una estrategia contra el fraude fiscal y de más control en la concesión de ayudas.
Además, garantizó que se suprimirá la totalidad del recargo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos, un gravamen que se paga en Castilla y León desde 2012 y que se fijó en 4,6 céntimos por litro de carburante para, posteriormente, rebajarlo en 2015 a 1,6 céntimos.
Herrera anunció también que se aprobará una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF que ajustará los tramos más bajos a los de la tarifa estatal con el fin de que “el impuesto siga ganando en progresividad. En cuanto a nuevos beneficios fiscales, afirmó que se destinarán a favorecer el emprendimiento y la creación de empresas.
Además, reseñó que, en la medida que lo permita el aumento de ingresos públicos, se reducirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y cónyuges con una elevación de los máximos exentos y el mantenimiento, en todo caso, de la bonificación del 99% para la transmisión de empresas familiares y agrarias.
En su discurso, Herrera aseguró que uno de sus objetivos es mantener el “fortalecimiento” de la demanda interna con el fin de generar un contexto propicio para el “ahorro, la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo”.
Por otra parte, el presidente en funciones ofreció a los cinco grupos parlamentarios la posibilidad de alcanzar un “gran pacto” para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para incorporar un suelo de gasto social equivalente al 80%del gasto no financiero disponible por las consejerías en su objetivo último de “blindar” los avances sociales.
De este modo, se otorgaría a los servicios públicos esenciales relacionados con la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y la Dependencia “la máxima prioridad presupuestaria”.
Además, apostó por incorporar nuevas exigencias sociales en materia de calidad democrática como la limitación de mandatos de los responsables políticos y de sus aforamientos, la limitación de consejeros de la Junta y la adecuación del número de procuradores, donde introdujo la incompatibilidad de que un alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes ocupe un escaño en el Parlamento.
También propuso excluir de sus responsabilidades públicas a todo cargo político al que se abra juicio oral por un delito de corrupción y abogó por avanzar hacia fórmulas que garanticen una mayor vinculación entre electores y representantes políticos.
Del mismo modo, propuso modificar la Ley de Gobierno para limitar a ocho el tiempo máximo de permanencia de un consejero en un mismo departamento y planteó que con carácter periódico los consejos de dirección de las consejerías se celebren fuera de su sede ordinaria para recorrer toda la Comunidad y reservar un tiempo para recoger propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales.
Por último ofreció un programa de gobierno “realista, riguroso e integrador” elaborado “con honestidad” para “un tiempo complejo de preocupación y de esperanza” en el que hay que conseguir “oportunidades para todos” y una salida de la crisis “justa y solidaria”.
Herrera apostó por el diálogo permanente, el trabajo conjunto y el acuerdo para la construcción de un futuro posible en el que abogó por conseguir una economía moderna capaz de generar más y mejor empleo.
Además, aseguró que ha tomado “buena nota” del resultado de las elecciones del pasado 24 de mayo que apearon al PP de la mayoría absoluta y de la “clara voluntad de cambio” en el fondo y en las formas expresada por los ciudadanos para mejorar y cambiar “tantas cosas” y que, según admitió, hay que atender “con urgencia”.
