La consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, inició ayer una «línea permanente» de trabajo con los europarlamentarios populares y socialistas españoles para modificar la «perniciosa» propuesta de reforma de la PAC del Ejecutivo comunitario, ya que el Parlamento Europeo (PE) cuenta por primera vez con capacidad de codecisión sobre estas políticas. Clemente mantuvo un encuentro en Valladolid con los europarlamentario de la Castilla y León, Agustín Díaz de Mera (PP) e Iratxe García (PSOE), y anunció que en diciembre se desplazará con su equipo a Bruselas para reunirse con los responsables en temas agrarios de los dos grupos a los que representan coincidiendo con algún pleno del PE, para trasladarles la postura de la Comunidad y coordinar la labor a desarrollar contra la reforma de aquí a septiembre de 2012, cuando la cámara deberá pronunciarse.
Remarcó la consejera que se trata de desarrollar un «trabajo de campo, no de despacho», y «no publicitar permanentemente» su labor, sino trabajar por esta actividad. «Debemos estar en el debate y entrar en los foros con propuestas técnicas razonadas que puedan ser aceptadas», dijo. Asimismo, se congratuló por la responsabilidad demostrada por todas las partes en plena campaña electoral con la reunión mantenida y su disposición a seguir cooperando en los próximos meses para garantizar el futuro del sector «por encima de los intereses de los partidos políticos» a los que representan.
La consejera explicó que en la reunión entregó a los dos europarlamentarios los documentos de trabajo elaborados por la Consejería sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea; el texto consensuado con las organizaciones profesionales agrarias que se trasladó al comisario europeo Dacian Cilos en su visita a Burgos en abril, y la postura de Estado pactada con el MARM el 17 de octubre.
Además, incidió en que junto al trabajo del Gobierno en el Consejo de Ministros, es «muy importante» la labor de los parlamentarios españoles, y destacó que la tarea principal se deberá centrar en el sistema de pagos directos, «por su magnitud económica». Al respecto, insistió en su rechazo al pago base planteado por la Comisión y sustanció que «se debe modificar» para que no se «dañe» la percepción de fondos por parte de la región.
