El incremento de la productividad ha sido uno de los objetivos más importantes de la Administración agraria en la última legislatura, para lograr una posición de mayor competitividad en el marco de unas economías cada vez más globalizadas y donde es preciso competir con importaciones más baratas. Frente a un valor de la Producción Final Agraria (PFA) que llegó a superar en el ejercicio 2008 los 43.000 millones de euros, en medios oficiales se planteó como reto, en un alarde de optimismo, superar en esta legislatura a los 50.000 millones y acercarse a los 60.000.
Sin embargo, las cosas se han torcido, a pesar de los altos precios pagados en la última campaña por los cereales. La legislatura acabará con una producción final agraria estancada en unos 40.000 millones de euros, fuertemente afectada por la crisis de producciones y los precios ganaderos.
En la mejora del volumen de esa PFA, los regadíos constituyen un elemento fundamental si tenemos en cuenta algunos de los datos que ofrecen en el conjunto del sector. Actualmente, con alrededor de 3,3 millones de hectáreas, los riegos suponen aproximadamente el 14% de total de la superficie agraria, pero sus producciones significan nada menos que el 50% del valor de las producciones. Con carácter general, aunque cada cultivo es un mundo, se estima que, en relación con los secanos, una hectárea de regadío puede hasta multiplicar por seis los niveles de producción y por cuatro los ingresos.
Estas mayores posibilidades de producción de las superficies de regadío conllevan, sin embargo, unos elevados costes. Por ese motivo, resulta indispensable ajustar al máximo la política de ahorro y eficiencia de gastos en el laboreo de esas tierras para que las mismas ofrezcan la rentabilidad necesaria a los agricultores.
Sobre el papel, ese era uno de los retos más importantes existentes en los últimos años en la mesa de la Administración. En la práctica, la falta de recursos financieros, en unos casos, y en otros, escasa voluntad política o dominio de los intereses de las empresas eléctricas, han dado al traste con esos planes. El resultado es que se han paralizado las mejoras en los regadíos para lograr esa mayor eficiencia en el uso del agua y la energía y, por si ello fuera poco, no se han cumplido los compromisos ofrecidos por Moncloa para rebajar la tarifa de riesgo una campaña más.
Modernización del campo
España dispone de una superficie de tierras en regadío de unos 3,4 millones de hectáreas. La modernización de las mismas para lograr la máxima eficiencia en el uso del agua, mejora de estructuras o sistemas para evitar el riego por inundación, han sido uno de los principales objetivos desarrollados por diferentes Administraciones desde 2004 con el Plan Nacional de Regadíos. Este proyecto se complementó con el Plan de Choque entre 2006 y 2008, actuaciones que supusieren la modernización de más de un millón de hectáreas. Esas iniciativas se debían culminar en este momento con la aplicación de lo que desde la Administración se calificó con la Estrategia para la Modernización Sostenible de los Regadíos con el horizonte de 2015. Este Plan contemplaba actuaciones sobre otras 862.000 hectáreas con un presupuesto global de 2.400 millones de euros de los que 1.420 correspondían a la Administración Central.
PARALIZACIÓN
Frente a esos objetivos, la realidad es que la falta de fondos ha provocado la paralización de estas actuaciones y que la modernización de los mismos que iba a lograr un ahorro de más de 1.000 hectómetros cúbicos, sobre un consumo anual del sector de los riegos de 24.000 hectómetros cúbicos, deberá esperar tiempos mejores.
La imposibilidad de actuar sobre ese otro casi millón de hectáreas para mejorar en eficiencia y reducir costes, viene en detrimento de la competitividad de los agricultores. Pero, en este momento de plena campaña de riegos y los calores machacando las tierras, los regantes soportan, un año más, unas tarifas eléctricas que en los últimos tres años han experimentado un incremento medio entre un 60 y un 80%, lo que supuso un aumento de los gastos de las facturas de unos 150 millones de euros, según Asaja.
Sistema de tarifas.
Tradicionalmente, el sector de los riegos disfrutó de un sistema de tarifas especiales. Esa situación se modificó radicalmente desde 2008 cuando se produjo la liberalización del mercado de la electricidad y, con ello, la desaparición de los beneficios de los que estaban disfrutando los regantes. Desde esa fecha, organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias no han cejado en sus demandas ante la Administración para que se articularan nuevos mecanismos para que el coste de la energía volviera a los niveles de 2008. Esa fue incluso una de las peticiones planteadas a Zapatero en diciembre de 2009 y de donde salió el compromiso de que habría una solución al problema.
La factura eléctrica en los riegos, como en todas las demás, pero en este caso con especial incidencia en el precio final, consta por un lado del término potencia, y por otro, el consumo. El sector agrario reclamó que el término potencia, más elevado, solo se pagara en las temporadas de riego efectivo y en esa línea se reclamaba la posibilidad de realizar contratos en función de las necesidades de cada cultivo o campaña.
Esa demanda se llegó a recoger en un proyecto de real decreto negociado entre el sector y los Ministerios de Industria y Agricultura con la responsable anterior, Elena Espinosa. La misma petición se propuso a la ministra actual. La respuesta oficial, en plena campaña, ha sido el silencio. Eso conlleva que siga subiendo la factura total en concepto de energía para los regadíos, y que muchos tiren la toalla.
