Los meses de primavera han sido durante las últimas décadas el período más socorrido por las organizaciones agrarias y las cooperativas para el desarrollo de las manifestaciones y movilizaciones del sector agrario. Año tras año, protesta tras protesta, hay, sin embargo, una serie de demandas que se han mantenido inamovibles a lo largo del tiempo: precios justos para los productos; denuncia de los márgenes de los intermediarios; acabar con los abusos de los operadores que compran en el campo; ajustes para la mejora de la seguridad social o los socorridos precios y subvenciones del gasóleo.
Han pasado ya más de 35 años desde la gran protesta agraria, la gran tractorada de la democracia. Hoy, un poco más viejos, con los pueblos más vacíos, en los mismos bares, las mismas bodegas, casinos, mentideros y corralizas, el sector sigue con las mismas denuncias, los mismos cabreos, soportando los mismos abusos y, en muchos casos, con las mismas promesas y los mismos dirigentes al frente. Es como si en el campo se hubiera parado el reloj, mientras todo lo que le rodea ha registrado importantes avances en su organización.
Los agricultores y ganaderos se encuentran en 2011 con la existencia de una industria agroalimentaria más potente y organizada, en muchos casos bajo el poder de multinacionales más fuertes, capaces de imponer sus condiciones de compra, como serían los caso del aceite, la leche….
El grupo se ha visto abocado a tener una mayor dependencia de los intereses de la gran distribución. Los precios ya no los fijan ni las propias industrias agroalimentarias, sino que los mismos constituyen el final de una cadena que comienza por el importe al que quiere vender un determinado producto para atraer la cesta de la compra, en muchos casos en competencia con productos importados más baratos. Este importantísimo reparto impone costes bajos y condiciones de pago, a pesar de la aprobación de la ley de morosidad y son secuelas que, al final, las acaba pagando el precio del aceite, de la leche, del vino, de la carne de conejo o de las frutas en origen.
La Administración agraria ha trabajado duro en los últimos años en la elaboración de un estudio sobre la formación de los precios en la cadena alimentaria. Se han detectado los escalones donde están las subidas más injustificadas, pero no se han puesto las medidas necesarias para lograr que el importe percibido por la producción en el valor final del género sea más elevado. En estas décadas, se ha producido un mayor desarrollo en la organización de los proveedores de los medios de producción, desde los fabricantes de maquinaria a las semillas. La comercialización de abonos se ha quedado, de forma mayoritaria, en manos de Fertiberia, aunque oficialmente se trata de un mercado abierto y donde es posible la importación. Los operadores mercantiles son cada vez menos y más fuertes y los intermediarios se mantienen como instrumentos insustituibles en los procesos de distribución de los productos.
Frente a esta evolución del conjunto de actores que operan comprando o vendiendo con agricultores o ganaderos, el grupo agrario ha hecho en las últimas décadas un importante esfuerzo para producir más, por tener una mayor eficiencia y mejores rendimientos en sus explotaciones. Sin embargo, el sector sigue sin lograr tapar ese viejo agujero que es una mayor concentración de la oferta. Ahí están las más de 3.000 cooperativas que tienen un papel protagonista en las producciones en sectores tan importantes como el aceite, el vino o los cereales. Sin embargo, no han logrado tener una posición de dominio en esos mercados, no controlan los mecanismos frente a potentes grupos industriales nacionales o multinacionales. No se ha avanzado lo que sería necesario en todo lo que afecta a los procesos de transformación propia en manos, sobre todo, de cooperativas, sociedades agrarias de transformación o simplemente productores unidos en procesos agroindustriales.
No ha funcionado el desarrollo de políticas de compras conjuntas en lo que sería imprescindible desde los abonos a las semillas, lo que supondría un importante de ahorro de costes.
Desde la Administración, en estas décadas prácticamente se ha eliminado la presencia de los organismos de investigación finalistas, la innovación que pudiera ser utilizada por agricultores y ganaderos.
Las viejas Agencias de Extensión Agraria se eliminaron por ser reductos del pasado franquista. Nadie ponía en duda, sin embargo, su eficacia como el eslabón más cercano de unos servicios públicos para los profesionales a pie de campo. Nadie las ha sustituido por otros instrumentos similares de apoyo directo para asesoramiento al sector.
En el campo se reiteran las protestas contra la subida de los precios de los abonos del gasóleo o la maquinaria. Tiene razón el grupo en relación con esas subidas de los importes de los medios de producción, mientras nadie tiene en cuenta los mismos en los costes finales de su género. Pero muy poco se ha hecho para pagar más correctamente a partir de análisis de cada suelo, en lugar de abonar como siempre. No llega la suficiente información sobre la mejora en semillas para cada suelo o años y las campañas de buenas cosechas y precios suelen ser el momento para seguir aumentando los parques de maquinaria en tantos casos por encima de las necesidades y posibilidades de cada explotación.
