La mayor apertura de fronteras a las producciones agrícolas de terceros países, aumento de contingentes, rebaja de aranceles y, en algunos casos, libertad total de entrada, constituyen uno de los debates más importantes en el seno de organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, y también una de las preocupaciones en el marco comunitario de organizaciones agrarias, cooperativas y, en las últimas semanas, del propio Parlamento Europeo.
La Unión Europea, al margen de las exigencias y concesiones en estas materias que se lleven a cabo en el seno de organismos internacionales, mantiene en la actualidad una veintena de acuerdos bilaterales con terceros Estados que abarcan todo tipo de productos, resultado en unos casos de componendas políticas, como las compras en colonias francesas o del Reino Unido (ACP), o a los intereses españoles para reforzar los lazos de amistad con Estados latinoamericanos. En esta carrera por desarrollar este tipo de acuerdos se hallan igualmente los intereses de los grupos industriales comunitarios, españoles incluidos, que van desde el sector de la automoción, las eléctricas a los bancos, para instalarse o exportar hacia esos territorios a cambio de abrir las fronteras comunitarias a sus productos agrícolas, que es casi lo único que pueden exportar.
En la actualidad, en ese escenario de pactos por ratificar o negociar, hay dos de gran importancia para los intereses del sector agrario español; el de Marruecos y el de Mercosur, formado por Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.
El de Marruecos se terminó de negociar en diciembre de 2009 y actualmente sigue sin estar ratificado por la UE, donde se ha producido la posición en contra del Parlamento Europeo por estimar que es desequilibrado en beneficio de los intereses de los agricultores de ese país al afectar negativamente al conjunto de los sectores de frutas y hortalizas, especialmente, tomates.
Mercosur puede ser el convenio más perjudicial para el apartado agrario y, en este caso, especialmente para las cabañas ganaderas. Las negociaciones para el acuerdo con Mercosur, (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) se iniciaron en 1999. Las exigencias de esas naciones paralizaron las conversaciones en 2004. Fue la Presidencia española en la UE en 2010 que la forzó la reanudación de las mismas. Ahora se han retomado los contactos técnicos, pero también con la oposición de la Cámara de los 27.
Mercosur exporta anualmente a Europa materias primas por un montante de casi 20.000 millones de euros y las exportaciones agrarias hacia esas naciones no llegan a los 1.000 millones. La organización ha puesto sobre la mesa varias propuestas para exportar diferentes contingentes sin aranceles que podían llegar a las 300.000 toneladas de carne de vacuno. Para el sector agrario comunitario, el pacto perjudicaría a las cabañas de vacuno, a la avicultura en su conjunto y, en menor medida, al porcino.
En el caso de los productos agrícolas, habría más importaciones de azúcar, frutas y, muy especialmente, cítricos, zumos y cereales. Según los datos manejados por Bruselas, la UE tendría una ganancia neta y podía provocar un crecimiento del Productos Interior Bruto de entre 17 y 21 billones de euros. Por el contrario, podría acabar con una parte del grupo agrario.
En los últimos años, hay una serie de conceptos que se han ido introduciendo en el lenguaje común del sector y que van camino de convertirse en el santo y seña de la actividad agraria comunitaria. Se trata de criterios como biodiversidad, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, bienestar animal, calidad y seguridad alimentaria, cuidado del territorio…. Sin duda alguna, formas de desarrollar la actividad y el trabajo en el campo que deben suponer un beneficio para esas zonas frenando la desertización con prácticas de cultivo menos agresivas y también con la mejora de la calidad de vida de los animales. No debemos olvidar que estamos utilizando los recursos naturales en sistema de arrendamiento, la hemos recibido de una generación anterior y la debemos dejar productiva para las siguientes.
Estas exigencias comunitarias suponen mayores costes de explotación para los agricultores y ganaderos, aunque la actividad agraria ha sido y será el eje del tejido económico en el medio rural y su mantenimiento solo es posible si la misma ofrece rentabilidad y un nivel de vida adecuado a sus gentes. Y esa actividad difícilmente se va a mantener si se aplican una serie de exigencias en materia de producción que no se piden a las importaciones desde terceros países.
Sobre el papel, a la hora de suscribir un acuerdo de libertad de comercio con otros territorios, generalmente, se alega la necesidad de apoyar a esas zonas del mundo menos desarrolladas cuyas únicas posibilidades de exportar son las materias primas. Sin embargo, en la práctica, esas mayores facilidades y posibilidades que se ofrecen para exportar más y a mejores precios, no se traducen en beneficios directos para los agricultores o ganaderos de esos países, sino que, en la mayor parte de los casos, se quedan en manos de los operadores o grandes grupos que comercian con ese tipo de género. En algunos acuerdos entre la UE y terceros países, como por ejemplo Marruecos, desde el sector agrario se pretendió, sin éxito, que una de las exigencias fuera la necesidad de que mejorasen las condiciones de trabajo, tanto de los agricultores como de los trabajadores que se emplean en esas explotaciones.
En el sector de los invernaderos, mientras un trabajador cobra en España una media de seis euros a la hora, en Marruecos solamente percibe 0,50 euros para el cultivo de unos productos que van a tener en los mercados comunitarios los mismos importes para españoles y marroquíes.
La mayor competitividad de esos rendimientos en terceros países por sus menores costes de explotación suponen una dificultad para los productores comunitarios que, en muchos casos, ven cómo bajan sus precios y deben utilizar más medios de producción para obtener más kilos por hectárea. El efecto final puede ser el cierre de explotaciones en el marco europeo ante la imposibilidad de competir con esos países en virtud de esos acuerdos de exportación y que, a medio plazo, la UE tenga nuevamente una mayor dependencia de las materias primas de esos países, como sucede en la actualidad con los carburantes.
En definitiva, negociaciones con terceros países sí, pero no para terminar con las explotaciones comunitarias, sino para que los agricultores y trabajadores de terceros países mejoren también sus ingresos y condiciones laborales y no sea solo para actuar en los mercados en una clara posición de ventaja de las grandes multinacionales o grupos que dominan esos escenarios, desde las hortalizas del norte de África, con un peso importante de empresas de la casa real marroquí, Dominios Agrícolas, a los cereales americanos.
