El sector agrario atraviesa una de las encrucijadas más complejas de los últimos tiempos, consecuencia, tanto de razones de estructura internas y coyunturales, como, sobre todo, de interrogantes que se plantean en un horizonte a medio y largo plazo, ante los cambios que se puedan producir a nivel comunitario y mundial.
En el marco nacional, ha sufrido y soporta en la actualidad una fuerte subida de los medios de producción que se concretan en los fertilizantes, las semillas, el gasóleo o la maquinaria. En unos casos, sería posible un ahorro en los costes con una mayor racionalización en el uso de los mismos para lograr la mayor eficacia posible. En otros, caso de la maquinaria, nadie pone en duda, en el propio ramo, que hay un exceso, sobre todo, de tractores y que, a pesar del elevado coste que suponen los mismos, se siguen adquiriendo unidades muy por encima de las necesidades de cada explotación.
El gremio, a pesar de disponer de más de 3.000 cooperativas, sigue sin una eficaz política para ordenar su oferta y tener una posición fuerte ante una industria cada día más potente y una gran distribución que impone totalmente sus exigencias a la industria agroalimentaria y, consecuencia de ello, a la producción. Mantiene su déficit de organización a la hora de comercializar sus producciones con una escasa o nula capacidad negociadora y se halla en manos de los operadores de cualquier tipo.
En dirección contraria, tiene el mismo problema a la hora de adquirir los medios de producción frente al poder de los intermediarios que se reparten el territorio con sus zonas de influencia, o grandes grupos industriales en semillas o abonos, casi monopolios, sin que, en estos casos hayan actuado los servicios de la Comisión Nacional de la Competencia. Al igual que sucede en el mundo laboral de la empresa o la Administración, donde los trabajadores y funcionarios no negocian individualmente sus condiciones laborales, el grupo reclama la necesidad de que un pequeño agricultor o ganadero tenga la posibilidad de beneficiarse de una negociación colectiva en un contrato de compraventa, algo a lo que en este momento se opone Competencia-Economía, a falta de una normativa española y comunitaria.
En el marco nacional, los agricultores se enfrentan igualmente a la pérdida progresiva de peso en el conjunto de la cadena agroalimentaria, donde cada día es menor su participación en el precio final de cualquiera de sus productos, desde los frescos a los transformados.
Todo esto se produce en el marco de los cambios comunitarios introducidos en los años precedentes con reducción de costes, aumento de las medidas compensatorias, aunque los pagos directos supongan más de 5.000 millones de euros y casi el 30% de la renta agraria, pero, sobre todo, con la eliminación o recorte de los mecanismos de regulación de los mercados. Eso se ha traducido en la caída generalizada de las cotizaciones de los importes, salvo situaciones excepcionales provocadas por coyunturas exteriores como la subida de los cereales en 2008 ó 2010.
Como consecuencia de todo ello, los agricultores han vivido varios años una caída de sus niveles de rentas con la excepción de 2010, que contribuyó más al abandono de la actividad.
A este panorama negativo ligado más a la política nacional, el sector se enfrenta en este momento a interrogantes importantes en diferentes escenarios. En primer lugar, está la próxima reforma de la PAC, actualmente a debate, donde no hay aún una propuesta cerrada, pero donde no se ocultan algunas de las futuras líneas: un ajuste en las disponibilidades financieras globales, habrá menos fondos, una redistribución de las mismas, el fin de los derechos históricos de pago y una nueva definición sobre los perceptores con derecho a las ayudas.
A los interrogantes de la futura PAC, se suma ya otra realidad. El avance de los procesos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, así como a través de acuerdos bilaterales, para la mayor apertura a las importaciones desde terceros países, a menos precio y sin limitaciones en el volumen.
Este escenario, al margen de otras motivaciones, fue el causante de la gran movilización de otoño de 2009 que dio lugar a los compromisos asumidos por el propio presidente del Gobierno con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias. De aquel amplio compromiso, la realidad es que solo quedaron buenas intenciones o, en el mejor de los casos, análisis de la situación del sector y propuestas de actuaciones a través del llamado Grupo Interministerial del grupo Agroalimentario GISA elaborado con la participación de ocho departamentos ministeriales. En un clima de malestar entre los agricultores, el Ejecutivo procedió hace medio año al relevo de Elena Espinosa por Rosa Aguilar al frente de Agricultura. Espinosa llevaba ya casi seis años en el puesto. Dicen que era una mujer trabajadora, pero lo que se veía, era una ministra con baja capacidad para comunicar y escaso peso político. Por el contrario, aterrizaba Rosa Aguilar, una política avezada, tránsfuga de Izquierda Unida, que había desembarcado en el Gabinete socialista de la Junta de Andalucía, de comunicación fácil y con aspiraciones políticas.
De Aguilar, a poco más de un año para las elecciones, se esperaba que diera ese impulso necesario para bien del campo y de la propia Administración socialista, que recuperara el tiempo perdido con la responsable anterior, que tenía una actitud pasiva a la hora de las decisiones.
Pero, lejos de ello, sin conocer el grupo, la primera decisión fue el descabezamiento, la dispersión y la marginación del equipo que había sustentado a Elena Espinosa. En ese caso, ese cambio se ejecutó colocando a personajes ajenos al sector y en otros relegando hasta la descalificación a responsables del gremio, olvidando las cuestiones de política agraria que se hallan pendientes, tanto en el seno de España como en el marco comunitario, donde acude como si Bruselas fuera cosa de llegar y besar, con cuatro declaraciones generales de intenciones. Ha convertido el almacenamiento de aceite de oliva en la primera causa de reivindicación nacional en la UE. Cada día que pasa se confirma más la impresión de que Aguilar solo llegó a Agricultura para desarrollar su proyecto político personal. En el PSOE dicen que fue elegida como una experiencia electoral. La realidad es que en Atocha ha provocado la existencia de lo que podrían ser dos Ministerios que viven al margen. Medio Ambiente se ha convertido en el Ministerio de Mal Ambiente y, sobre todo, lo más grave, ha pasado de ser del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), al mar muerto.
