La espiral alcista del crudo se ha trasladado inmediatamente y de forma paralela a los precios del carburante en el campo, y las previsiones no son nada esperanzadoras debido al incremento paulatino de las tasas del barril de petróleo Brent. El gasóleo agrícola, con una factura total estimada en 1.300 millones de euros, constituye uno de los gastos en medios de producción más importantes en el sector, junto con los fertilizantes y muy por delante de las semillas.
Esa cifra supondría el 9% menos del conjunto del desembolso de los agricultores en medios de producción, unos 16.000 millones de euros, de los que solo 7.500 corresponden a los piensos. Pero, su impacto es muy variable en función de cada tipo de explotación y cultivo. Ese porcentaje se multiplica por tres en el caso de las explotaciones de secano y regadío como la patata, la remolacha, el cereal, el viñedo o el olivar.
Con la mirada puesta en su propia situación y, de reojo, en el sector pesquero, donde los precios del combustible son más bajos, la demanda de subvenciones, más la reducción de impuestos y, en definitiva, ir a un gasóleo profesional, han sido las reivindicaciones históricas del sector agrario en las últimas décadas.
Consecuencia de las sucesivas crisis del petróleo y las tasas subiendo hasta la barrera del euro por litro en los surtidores, el gasóleo ha sido un motivo de protesta permanente. Los manifestantes no lograron lo que demandaban. Pero, en esos viejos acuerdos, las organizaciones agrarias consiguieron que el carburante utilizado para las actividades propias de la labranza hayan gozado de desgravaciones a la hora de hacer las declaraciones de la renta y que, en la actualidad, se disfrute de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos, un total 7,9 céntimos de euro por litro.
El carburante sigue pagando el arancel de venta a minoristas, 0,06 euros por litro, una cantidad muy reducida, pero, por el contrario, en el último año, en lugar de avanzar hacia un gasóleo profesional más diferenciado por su precio del resto, el Gobierno elevó el IVA del 16 al 18%, en lugar de rebajar el mismo al 7% como reclamaban todas las asociaciones y las cooperativas a la vista de la caída de las rentas, y la imposibilidad de repercutir, como en otras actividades, los incrementos de costes en el valor de sus productos.
Toda esta estrategia y lucha histórica para disfrutar de un gasóleo más barato que el Ejecutivo ya ha calificado, en contra de las posiciones del sector, como el gasóleo profesional, se puede venir abajo a corto plazo, a partir del 1 de enero de 2013, si sale adelante el proyecto alemán por el que se quiere modificar una directiva comunitaria de 2003 que permitía a los países miembros aplicar un tipo impositivo reducido, e incluso cero, para los productos energéticos utilizados en tareas agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales.
Ello supondría la desaparición de la actual ayuda que disfruta el gasóleo agrícola, como la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos, pero además implicaría la aplicación de otras tasas, cambios que en conjunto han sido cifrados por la organización UPA en 0,30 euros de encarecimiento por litro de gasóleo.
La iniciativa tiene de negativo para el sector agrario que se trata de una propuesta que viene desde Alemania, primer contribuyente neto a las arcas comunitarias, lo que le otorga una cierta autoridad a la hora de exigir ajustes o recortes y, que además, responde a una preocupación generalizada en la sociedad por reducir el consumo de combustibles contaminantes.
En la parte positiva, de cara a la continuidad de esta ayuda, aunque con reformas, está que la propuesta se halla envuelta en una serie de nebulosas, puntos que no se han expuesto con claridad y donde el sector podría tener un cierto resquicio a la hora de no perder en su totalidad las subvenciones actuales.
Por el contrario, en medio de la Administración agraria española, expertos y curtidos en muchas batallas en Bruselas, no hay duda de que se introducirán medidas en las actuales ayudas al gasóleo dado el planteamiento y la justificación que hace de la propuesta.
La iniciativa comunitaria para la aprobación de la nueva directiva parte de la necesidad de tomarse más en serio el uso y consumo de los carburantes más contaminantes como el gasóleo y el carbón, en el marco de las preocupaciones y las amenazas que supone el cambio climático por la emisión de gases efecto invernadero, como el CO2, con alto poder tóxico. España, el país más al sur de Europa, sería uno de los más perjudicados por el aumento de los períodos de sequía y los problemas para mantener las explotaciones. En este nuevo escenario de distorsión medioambiental, el objetivo de las autoridades alemanas es aplicar una nueva política impositiva sobre este tipo de carburantes no beneficiosos para la naturaleza y recortar o anular su uso.
De acuerdo con esa proposición, sobre el gasóleo se aplicaría un primer impuesto vinculado a las emisiones de CO2. En este sentido, Bruselas baraja ese nuevo impuesto en un mínimo de 20 euros por TM de CO2 emitida a la atmósfera. Una segunda tasa iría ligada al valor energético del combustible, que sería variable en función de cada tipo de producto.
La iniciativa comunitaria pone sobre el tapete la necesidad de un uso más racional del combustible en las tareas agrícolas y, probablemente, determinará un mayor desarrollo de técnicas de laboreo más baratas y con la misma eficacia productiva. Y, el Gobierno debería avanzar más en evitar el fraude en el uso del gasóleo agrícola fuera de este territorio.
