El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se mostró partidario de “concentrar o limitar” el “tiempo de espera” para las elecciones generales de marzo de 2012 porque el sentido de responsabilidad marca que, con “tanta debilidad” como la que tiene en estos momentos España, sería conveniente un adelanto electoral.
Así lo señaló el jefe del Ejecutivo autonómico durante la inauguración de la sede de la multinacional noruega Blom en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). Para Herrera, las dudas plasmadas por Bruselas en cuanto a la solvencia de España plantea “un escenario complicado” porque al conjunto de las incertidumbres financieras y económicas se suma que las previsiones de crecimiento del 1,3 por ciento del PIB para el próximo año, estimación con la que se han elaborado los Presupuestos Generales del Estado “no se lo cree nadie”.
Por ello, sostuvo que “más allá de declaraciones de puro voluntarismo” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, es necesario “un plan B” por si no se cumplen esas previsiones de crecimiento. A ello, Herrera le sumó la “gravísima” crisis interna de liderazgo en el seno del PSOE, plasmada, añadió, no solo por los resultados de Cataluña, sino también por las Primarias en Madrid. Todo ello con un calendario “que no es propicio para dar estabilidad a la economía”.
“España necesita estabilidad para trasladar al exterior que aquí se apuesta por resolver las cuitas electorales y ponerse a resolver los problemas económicos”, remarcó Juan Vicente Herrera.
Tributo eléctrico. Por otro lado, el presidente de la Junta se refirió también, a preguntas de los periodistas, sobre el grupo de trabajo que se constituirá en las Cortes para elaborar un tributo a las eléctricas. Ese impuesto, señaló Herrera, será fruto de, además del consenso de los grupos parlamentarios, de un estudio técnico de encaje legal. En todo caso, se tratará de un tributo “estrictamente medio ambiental”. Además, sentenció que él no apoyará ningún paso adelante si no se garantiza jurídicamente que ello no repercutirá en los consumidores finales.
