No hubo sorpresas. Miguel Arias Cañete deja el puesto de ministro de Agricultura para encabezar la lista de los populares al Parlamento Europeo, espacio comunitario sobradamente conocido para él. Se va de ministro, pero, es seguro, va a seguir ligado a la política agraria desde Bruselas.
Poco más de dos años al frente del departamento de Atocha no son un período excesivamente largo como para marcar el desarrollo de una política donde las actuaciones de importancia suelen tener un efecto a medio y largo plazo. Sin embargo, partiendo de los años precedentes, especialmente en la última etapa de Rosa Aguilar al frente del Ministerio, se podría hablar de un tiempo, en líneas generales positivo, que necesita continuidad. El presidente de Gobierno en su día optó por Arias Cañete, rompiendo el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas, por tratarse de una persona conocedora del sector y preparada para abordar la política agraria desde lo que en ese momento era lo más importante, como las negociaciones en la Unión Europea. Se trata, sin embargo, de una política inacabada en unos casos y en otros con agujeros que necesita continuidad por parte de personas que sepan lo que se trae entre manos y que Agricultura no vuelva a ser ese comodín al que acuden presidentes de Gobierno para colocar barones o buscar equilibrios de partido o regionales. La política agraria llevada a cabo por Arias Cañete no ha estado exenta de las críticas.
Uno de los aciertos al frente de su departamento fue construir un equipo desde la profesionalidad, contando con incorporaciones y manteniendo a altos cargos de la etapa anterior y que, incluso, había relegado la propia Rosa Aguilar.
Un punto clave en la política de los últimos dos años ha sido la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común, pero ahora no es momento para hacer un análisis a fondo de la misma. Sin embargo, el balance se puede resumir en pocas palabras: positivo al mantener los recursos del período anterior, aunque lo han criticado las organizaciones agrarias al no contemplar el efecto negativo de una inflación del 12% prevista para los años 2014-2020. La aplicación de la reforma en España estará dominada por la estabilidad, una obsesión de Cañete y también de las Comunidades Autónomas. Eso supone que si uno percibía ayudas importantes las van a seguir recibiendo y quienes no las cobraban seguirán sin hacerlo, en muchos casos por desarrollar el mismo trabajo. Se puede considerar correcta la definición de actividad, pero no la de activo a la hora de definir a las personas prioritarias para recibir las subvenciones, contemplar que puedan ser consideradas como tales las explotaciones donde solamente el 20% de los ingresos procedan de la venta de sus productos y el 80% de las ayudas de la PAC.
LEYES IMPORTANTES
En materia de disposiciones, también ha sido importante la Ley de Integración Cooperativa y la de la Cadena Alimentaria. La integración cooperativa es un viejo reto del que han existido múltiples intentos y donde los avances siguen sin ser los necesarios. En el caso de la cadena alimentaria, otra de las grandes demandas del sector, se trata de buscar un mayor equilibrio entre los intereses de la producción, la industria y la distribución, evitando los actuales abusos contra los productores.
En esa misma línea de apoyar al sector se hallan los convenios suscritos con la industria y la gran distribución para lograr unos precios sostenibles en leche y aceite frente a la banalización de los mismos siempre con precios de oferta. Hasta la fecha, los convenios no han dado los resultados esperados al tratarse de un vicio muy arraigado, pero se ha iniciado un camino que nunca se había intentado.
También se ha elaborado una nueva normativa para regular el ibérico, simplificando en parte la normativa con la implantación de cuatro colores para que el consumidor pueda diferenciar cada tipo de producto, rojo, negro verde y blanco y, se complicó la etiqueta con la exigencia de señalar porcentaje de raza pura de cada pieza. Se eliminó la categoría de cebo de campo y se mantienen las de dehesa, de campo y de granja. Probablemente no había hecho falta una nueva disposición si hubieran funcionado correctamente los controles sobre el etiquetado al consumidor y evitar el fraude.
En marcha está la ley de la Calidad Alimentaria para tratar de unificar el reglamento a nivel estatal y una norma de arrendamientos rústicos por la que se pretende dar una mayor movilidad a la tierra. Este objetivo se quiere lograr dando una mayor seguridad a los propietarios para alquilar sus tierras, que las puedan recuperar antes, rebajando el período de arrendamiento mínimo de cinco a tres años, pero dejando libertad a las partes para fijar plazos superiores; una disposición para realizar en el campo una consulta electoral para medir la representatividad de cada sigla de cara a ocupar los puestos en el Consejo Agrarios, la distribución de subvenciones y el patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias.
Hay oposición en el sector a una consulta que no se hace en la industria para ver si la CEOE o Cepyme son representativas para acceder a las ayudas y se deben negociar cómo se desarrolla el proceso para fijar condiciones de quién es votante. Además, las organizaciones agrarias no están para gastar un duro que no tienen. Finalmente, entre otras actuaciones se hallan los trabajos para acelerar la aprobación de los planes de cuenca previos a la nueva política de regadíos y para la diversificación de la economía rural.
Arias Cañete, entre los ministros de Agricultura de los últimos tiempos, se puede decir que ha sido el único con un cierto peso en su partido y en el propio Gobierno. A pesar de ello, hay cosas que, al parecer, son intocables. Agricultura no ha podido hacer frente a los intereses de las eléctricas para modificar las condiciones de las tarifas.
Ha hecho un remiendo en el problema de los purines en las granjas ofreciendo ayudas junto para buscar alternativas frente a las posiciones encastilladas de industria de rebajar el precio de la energía vendida a la red y Economía sigue sin aplicar la ley de comercio minorista para meter mano a la distribución en las ventas a pérdidas de productos agrarios.
