El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se mostró dispuesto a adelantar a octubre el pago a España de parte de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para paliar los efectos de la sequía «si la situación lo justifica».
España espera que se pueda adelantar lo «máximo posible» de los 5.500 millones de euros que perciben los agricultores en forma de pagos directos. «La Comisión utilizará todos los instrumentos a su disposición para España, Portugal u otros estados miembros que sufran la sequía y lo soliciten de forma argumentada», explicó Ciolos tras el Consejo de Agricultura de la Unión Europea.
La petición realizada por las autoridades españolas será examinada en detalle en los próximos días, por los servicios del comisario, y trasladada al comité de gestión competente para examinar a nivel de expertos si el caso está justificado y cumple las condiciones para dar vía libre al adelanto de las ayudas, según precisaron fuentes comunitarias.
Ciolos recordó que además de adelantar los pagos directos, a medio plazo podrían movilizarse fondos destinados a desarrollo rural «para restablecer la capacidad de producción cuando se ha visto afectada por las catástrofes naturales» como la actual.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, explicó que no se ha solicitado, a diferencia de Portugal, ampliar las ayudas públicas nacionales que podrían conceder a los damnificados sin esperar la autorización formal de Bruselas porque «ya tenemos ayudas importantes y las primas de los seguros están apoyadas y subvencionadas por el Gobierno y las comunidades autónomas».
El Ministerio calcula que ha llovido un 49 por ciento menos que la media de los últimos años, lo que motivó que ayer se reuniera en Madrid la Mesa de la Sequía para estudiar medidas que palien los efectos y problemas causados por la falta de agua.
Una semana
Precisamente, representantes del Gobierno y de las organizaciones agrarias acordaron la creación de un grupo de trabajo para analizar las medidas necesarias para hacer frente a la escasez de agua, que ya está ocasionando pérdidas en el sector. Ambas partes se dieron un plazo de una semana para poner en común las soluciones.
El subsecretario de Estado de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, manifestó que cualquier decisión tendrá en cuenta las limitaciones presupuestarias impuestas por la actual coyuntura económica. Asimismo, anunció que se están valorando los daños irrecuperables para proceder a fijar las indemnizaciones, aunque Haddad descartó la posibilidad de declarar a ninguna comunidad autónoma como zona catastrófica y tampoco se pronunció sobre la concesión de las llamadas ayudas de mínimos, inferiores a 200.000 euros.
Los responsables de las organizaciones agrarias que asistieron al encuentro (Asaja, Coag, UPA y cooperativas agroalimentarias) reclamaron medidas con la máxima urgencia. Miguel Blanco, secretario general de Coag, destacó que los dos sectores más afectados son la ganadería extensiva, con pérdidas que podrían llegar a los 500 millones de euros, y los cereales, sector en el que peligra un tercio de los cultivos si no llueve en los próximos días, con pérdidas que podrían alcanzar los 1.000 millones de euros. Montserrat Cortiñas (UPA) manifestó que Gobierno y Opas sólo han coincidido en la urgencia, pero no en las medidas necesarias.
