Las medidas de austeridad y ajustes nacionales son necesarias para volver a una senda económica sostenible. Por ello, todas las Comunidades Autónomas hacen sus números. Así, tras la subida del IRPF aprobada por el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no es partidaria de llevar a efecto tal medida y ya alertó de que no aumentaría los tributos, más bien al contrario. De hecho, el Ejecutivo que dirige estudia bajar nuevamente el tramo autonómico del IRPF. En principio, se trataría de una bajada simbólica, pero reducción al fin y al cabo en comparación con la sustancial subida de tasas aplicada desde el poder central.
El consejero de Economía del Gobierno de la capital, Percival Manglano, desvinculó esta medida de la subida «temporal» aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, apostilló que las intenciones de Madrid son previas a la decisión de Rajoy, «autónomas» y están inscritas en el marco de sus competencias. «No veo que esto tenga que generar ningún tipo de encontronazo (con el presidente del Gobierno), sino al revés: los ciudadanos se podrán beneficiar de decisiones que sean fruto de la buena política presupuestaria, fiscal y económica que se ha llevado a cabo en la Comunidad», manifestó.
«Madrid fue seguramente la primera región que tomó las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestario y hoy estamos en disposición de presentar las cuentas más saneadas de todo el país», explicó. Por último, el consejero recordó la «larga historia de rebaja de impuestos desde que es presidenta Esperanza Aguirre y que, desde 2007, la Comunidad tiene bonificado en un punto el IRPF. Dada la situación presupuestaria, nos podemos permitir seguir estudiándolo. La deuda de la Comunidad no llega al 8% del PIB madrileño, cuando la del conjunto de las administraciones públicas españolas representa más del 70%», concluyó.
Mientras, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió ayer las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy (la subida del IRPF, la del IBI y el ahorro) porque «antes que ser popular se necesita ser «eficaz para ganar credibilidad, tanto dentro como fuera del país», y calificó de «inadmisible e inaceptable» que algunos socialistas critiquen los «ajustes» acometidos por el Ejecutivo «cuando son los mayores copartícipes por cómo se administraron las cuentas públicas» durante el anterior Gobierno.
La número dos de Mariano Rajoy en el PP adelantó que la reunión del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que abordará el cierre de empresas públicas, se celebrará en ocho o 10 días «como mucho» para fijar una posición común y para dejar sentado que el objetivo de todos es «ahorrar y evitar duplicidades con la administración del Estado y las administraciones locales».
Cospedal explicó que es el desfase entre el déficit del 6% anunciado por el anterior Gobierno y el del 8% que ha tenido que fijar el actual el culpable de los ajustes, pero que no cree que sean necesarios nuevos sacrificios, aunque tampoco lo descarta, puesto que las cifras no son definitivas.
Austeridad
Por otro lado, la agencia crediticia Moody’s vuelve por sus fueros y asegura que España tiene que hacer frente a un ajuste del orden de 40.000 millones de euros en 2012 para cumplir el objetivo de déficit establecido, una cifra que supera en un 42,8% el montante combinado de los ajustes asumidos entre 2010 y 2011, por lo que aconseja necesarias más medidas de austeridad. «Cumplir tal objetivo fiscal masivo en un contexto de ralentización del crecimiento económico supone el riesgo de agravar la negativa perspectiva financiera», señaló ayer la agencia en una nota emitida tras conocerse la desviación del objetivo de déficit anunciada por el Gobierno.
«Ahora prevemos una contracción del PIB de entre el 0,5% y el 1% en 2012, comparado con un crecimiento positivo del 0,7% en 2011», auguró y advirtió, además, del impacto negativo que tendrá en este esfuerzo de consolidación la crisis de deuda del conjunto de la zona euro.
Moody’s consideró que el anuncio por parte del Gobierno de que el déficit de 2011 se situará en la órbita del 8%, lo que supone una desviación de unos 22.000 millones de euros, respecto al objetivo del 6% previsto, «es negativo para el perfil de crédito». Asimismo, respecto al reciente anuncio del Ejecutivo de que se recaudarán 8.000 millones adicionales a través de la lucha contra el fraude fiscal, Moody’s puntualiza que estos ingresos resultan «notablemente difíciles de estimar y recuperar».
Por otro lado, la agencia considera «positivas» las indicaciones del Gobierno que apuntan hacia un mayor control del Ejecutivo central sobre los presupuestos a nivel regional, que a su juicio requieren una «reforma urgente», tal y como demuestran los grandes desequilibrios fiscales de 2011.
