Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) obliga a la Junta de Castilla y León a entregar a la organización ecologista SEO/BirdLife un informe sobre la efectividad del uso de rodenticidas contra el topillo campesino que la Administración regional le negó previamente.
Según informa SEO/BirdLife a través de un comunicado, el informe, encargado a un miembro del comité de roedores del observatorio contra plagas, “podría revelar la ineficacia” del uso de este producto químico para la contención de las plagas de este roedor.
De esta forma, y según las mismas fuentes, el TSJCyL ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Valladolid, de 5 de septiembre de 2013, en la que obligaba a la Consejería de Agricultura y Ganadería a facilitar dicho informe.
El informe fue elaborado por Juan José Luque-Larena, entonces miembro del Comité de roedores del Observatorio contra plagas y “uno de los mayores expertos en materia de topillo campesino”.
En este sentido, SEO/BirdLife recuerda que ya el pasado mes de abril varias ONG conservacionistas criticaron el “oscurantismo” de la Consejería en la campaña de uso de rodenticida contra el topillo campesino y cargaron contra la “falta de transparencia” de la Administración, que “no ha publicado resolución alguna que autorice el reparto de producto químico, ni las condiciones de uso o las zonas
autorizadas”.
Además, la organización ecologista advierte de que la Consejería “no ha hecho público los supuestos datos de seguimiento que avalan esta decisión” y “no se han aportado datos ante ninguna de las reiteradas peticiones de información realizadas”.
En cuanto a la efectividad del rodenticida, las mismas fuentes insisten en que este año, a pesar de haberse utilizado “144 toneladas” y de las quemas de cunetas y linderos, “no ha sido posible contener la plaga”, lo que demuestra, a su juicio, la “ineficacia” de las medidas aplicadas por la Junta, que, en cambio, “ponen en riesgo la conservación del medio natural”.
