En medio de los debates para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) con el horizonte en el año 2020, la Comisión de la UE anda celebrando el medio siglo de su puesta en marcha.
La actual PAC surgió en 1962 y tenía como principal objetivo lograr unas importantes tasas de autoabastecimiento para evitar la dependencia exterior en materia alimentaria, algo que contaba con el apoyo de toda la población de la Comisión Económica Europea reducida. Para lograr esos objetivos era fundamental desarrollar unos mecanismos que garantizaran una buena rentabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos para producir en abundancia.
El sistema utilizado en aquella primera fase no fueron las ayudas directas que se pagan en la actualidad, sino un mecanismo de precios. Un precio indicativo o base mínimo. Un precio de orientación o el precio deseable a percibir por el productor y un precio de entrada para proteger al mercado interior frente a las importaciones.
Con esos tres instrumentos, los agricultores y ganaderos llevaron a cabo un fuerte aumento de las producciones que, si no se comercializaban en los mercados interiores, pasaban a los almacenes de intervención. Esa política tuvo un gran éxito, hasta el punto de que Bruselas se ahogó en montañas de excedentes de cereales, de carnes o de leche en polvo y balsas de aceite de oliva. Se pasó de una situación deficitaria a otra excedentaria donde a Bruselas se le iban los fondos para exportar con ayudas a terceros países. Los recursos destinados a comprar excedentes y en ayudas para exportar llegaron al 90% del presupuesto de la PAC.
Para frenar esta situación, en los años 80 se aplicaron medidas como cuotas y penalizaciones para reducir las producciones más excedentarias como la leche, algunas cabañas ganaderas y los cereales. Poco apoco, en las sucesivas reformas, la de 1992, en la Agenda 2000, la revisión de la misma en 2003 y, finalmente, en el llamado chequeo médico de 2008, se fueron introduciendo importantes cambios en el sistema de la PAC hasta llegar al modelo actual, que viene para 2014, más bien será en 2015, desde una filosofía dominante de dar el protagonismo a los mercados. Esa estrategia se diseñó ante la presión de la OMS para eliminar ayudas al comercio y para una mayor apertura de fronteras, pero también por los intereses de las arcas comunitarias. Frente a esa política de precios altos en el campo y de comprar a buen precio los excedentes, las sucesivas reformas han actuado en varias direcciones:
Primero, bajar los precios institucionales que habían alentado el aumento de producciones excedentarias. Segundo, ir reduciendo los mecanismos para su regulación hasta casi desmantelamiento, La imagen de los viejos Senpas que todo lo compraban ya es historia.
Tercero. Una progresiva compensación con ayudas directas al sector para complementar las bajadas de los precios institucionales. Esos pagos directos comenzaron de forma acoplada a la producción, para ser más tarde pagos desacoplados, hoy en función de unos rendimientos históricos y que, a partir de 2015, se harán de manera directa en función de las superficies de cultivo.
Cuarto. Un cambio importante en el destino de una parte de los fondos PAC para desarrollo rural.
Dinero e inseguridad
La PAC ha supuesto para el sector agrario la llegada de unos 5.500 millones de euros en ayudas directas, a los que se suman apoyos para los mercados, menos de 5.000 millones y en descenso, y más de 1.000 millones de euros como ayudas para el desarrollo rural.
En conjunto, viene a suponer una media de casi el 30% sobre el conjunto de la renta de una explotación agraria española, aunque, en la práctica hay sectores como los herbáceos, el tabaco, el olivar de altos rendimientos, la remolacha o el algodón donde ese porcentaje es muy superior; y otros como las frutas y hortalizas, donde la ayuda es muy baja.
Esta sería la parte más positiva de la PAC. La negativa tiene muchos novios. El hecho de que Bruselas haya aplicado casi de una manera permanente reforma sobre reforma ha ido creando inseguridad en el sector agrario que se ha tenido que ir adaptando a la misma. En muchos casos, agricultores y ganaderos ya no sabían a qué carta quedarse, si creer en el futuro en función de los mercados, o dejarlo todo a expensas de las ayudas fijas. En segundo lugar, la PAC, con sus estrategias de fijar cuotas de producción y penalizaciones, junto a las reformas de diferentes Organizaciones Comunes de Mercado, se ha traducido en ajustes en las producciones ganaderas, así como a recortes en las superficies de cultivos consecuencia de la fiebre comunitaria para evitar excedentes. Esta política se ha traducido en algunos casos, como en la última campaña en el sector remolachero, en que España tuvo que reducir su producción de casi un millón de toneladas a 498.000 toneladas, mientras en los últimos han sido indispensables las importaciones a los precios elevados de los mercados exteriores para abastecer los mercados comunitarios, el español incluido.
Interrogantes
La PAC del futuro tiene las cosas claras. Bruselas no se quiere complicarse la vida. Habrá una ayuda por hectárea, la que se determine, según zonas o producción o cultivos; nadie se puede creer que se vaya a pagar una misma cantidad para un secano abandonado que para una tierra de regadío cultivada; a partir de ahí, que jueguen los mercados.
El interrogante por despejar es si Bruselas mejorará los mecanismos para regular esos mercados. Pero, en todo caso, aunque así sea, no será como hace medio siglo, cuando el apoyo a los mercados, con precios de compra o de retirada y los almacenamiento eran una garantía para las rentas de los productores. Hoy, con los muchos cambios que se avecina en la misma a efectos de recalcular las ayudas, lo positivo es que la PAC sigue hasta 2020 con unos fondos similares a los actuales, lo cual no es el dato más positivo, pero incomparablemente mejor que la política de ajustes que viene sufriendo el Ministerio, no solo este año, sino desde 2008.
