El Gobierno autorizó ayer las prospecciones de hidrocarburos en aguas de Canarias, de las que se hará cargo Repsol YPF.
Los sondeos realizados hasta ahora indican que a unos 70 kilómetros de la costa, junto a la frontera marítima con Marruecos, existen importantes yacimientos, en cuya exploración el país vecino ya ha empezado a trabajar.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que los técnicos indican que existe una «probabilidad elevada en relación con otras prospecciones» de que la zona albergue recursos. Además, consideró que «no hay argumentos para dilatar más» la puesta en marcha de este proyecto, que se encuentra paralizado por una sentencia del Tribunal Supremo desde 2004 y que ofrece «garantías ambientales».
«Los veredictos que obligaban a modificar algunos asuntos se remontan a 2004, así que creo que se ha tardado bastante tiempo en decidir la convalización del real decreto», afirmó, antes de recordar que los permisos de exploración son «competencia del Estado».
En concreto, el Gabinete decidió dar luz verde a un real decreto por el que se convalida el otorgamiento original de los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a 9, situados en el borde de la mediana entre España y Marruecos.
En la norma aprobada se da audiencia tanto a los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura como al Gobierno canario. El texto permitirá la finalización de los trabajos pendientes para verificar la existencia de carburantes y, en su caso, la viabilidad técnica y económica de su extracción.
Los permisos de investigación confieren a Repsol el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo del área otorgada, pero no permiten la explotación de los potenciales yacimientos, lo que exigiría el otorgamiento de una concesión de explotación.
Con carácter previo al inicio de los trabajos, los titulares deberán constituir seguros de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales incidentes. Asimismo, se han sido creadas garantías financieras a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas para responder de sus obligaciones.
Según fuentes del sector, dicha explotación reducirá en 10 puntos las importaciones de hidrocarburos de España y podría, en caso de que se confirmen las previsiones, provocar un vuelco en la balanza comercial.
La producción podría alcanzar los 100.000 barriles diarios, lo que supondría el mayor descubrimiento de la historia de España, por encima del de la plataforma mediterránea de Casablanca, que en los años 80 llegó a producir 40.000 barriles diarios.
En la actualidad, apenas se obtienen en el país los 2.000 barriles cada 24 horas, de modo que el hallazgo multiplicaría por 50 este volumen. Como ejemplo del potencial del yacimiento, Repsol extrae unos 300.000 barriles diarios en grandes productores como Libia.
Las inversiones asociadas al proyecto, como ya explicó recientemente el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, podrían rondar los 9.000 millones de euros, en los entre 20 y 25 años de explotación del campo. Además, el proyecto crearía unos 5.000 empleos.
En todo caso, la extracción de crudo podría tardar cerca de ocho años. Tras la autorización del Gobierno, Repsol debe completar la fase de investigación, en la que invertirá 100 millones, lo que llevará unos dos o tres años.
Por su parte, el presidente canario, Paulino Rivero, anunció acciones legales contra dicha autorización en las Islas Afortunadas.
