La Junta teme que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya reunión se prevé este mes, se aplique el «café para todos» en las medidas que se adopten para contribuir a la reducción del déficit público en España, pese a que no todas las comunidades han actuado igual y algunas, como ésta, tienen aprobado un plan de estabilidad. «Un Gobierno serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los salarios», observó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno. Ante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se abordará el recorte de 1.000 millones por las autonomías para la reducción del déficit, De Santiago-Juárez mantuvo que no todas son iguales y recalcó que Castilla y León no ha agotado su techo de deuda pública, pese a que la oposición socialista lo ha pedido, ni ha creado una policía autonómica o canales de televisión pública.
No obstante, manifestó que temen «lo peor» en el sentido de que se aplicará el mismo criterio a las autonomías que han gastado más y a las que han sido más austeras y han aprobado un plan de estabilidad como Castilla y León. En su reflexión, se refirió a cómo Cataluña va a aplicar un impuesto a las rentas más altas por el que prevé una recaudación de 70 millones de euros que no cubren una tercer parte del gasto de la televisión autonómica. «Tendrán que explicarlo a los ciudadanos», aseveró.
Pese a la caída de los ingresos y a la reducción de la aportación estatal, que podría aplicar para 2011 un recorte de 10.000 millones, según informaciones no oficiales, la Junta no subirá los impuestos en el tramo autonómico y mantendrá los actuales beneficios fiscales, en los que ocupa el segundo lugar en el ránking de las comunidades, precisó el consejero.
De Santiago-Juárez volvió a criticar las medidas de ajuste del gasto que ha adoptado el Gobierno y afirmó que Zapatero ha gastado en los últimos años como en una «despedida frenética de soltero». «Una administración no puede malgastar y luego pedir a los ciudadanos», remarcó.
Dentro de las medidas de contención de gasto también se aprobó el recorte de las retribuciones de los empleados públicos y altos cargos de la administración autonómica -presidente y consejeros- así como del resto de cargos de las instituciones de autogobierno, cumplimiento que lleva a una modificación del presupuesto autonómico de 2010.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta explicó el contenido del decreto ley, que deberán convalidar ahora las Cortes regionales y que es una medida que les ha llegado «impuesta» por el Ejecutivo central.
La modificación que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno afectará a tres artículos del presupuesto, ya que cuando se aprobaron, en enero de 2010 se reflejó una subida del 0,3 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos, vigentes hasta el 1 de junio, cuando hay que aplicar la reducción que ha acordado el Gobierno en su normativa básica.
