La titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que la Presidencia española de la Unión Europea sería una «magnífica oportunidad» para tomar medidas y modificar la legislación actual relacionada con el consumo de tabaco en los establecimientos hosteleros, que pasaría a estar totalmente prohibido.
Durante la inauguración de la jornada de presentación de la Estrategia en EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) del Sistema Nacional de Salud, Jiménez opinó que «hay razones de salud pública» para cambiar la norma y recordó que el 80 por ciento de los afectados por esta patología son consumidores de tabaco.
La ministra explicó que «la Comisión Europea ya ha propuesto que en 2012 todos los países prohiban fumar en bares y otros establecimientos hosteleros» y que España es una de las naciones de la UE que «tiene una legislación más permisiva en materia de consumo de tabaco en locales públicos».
En Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda o Suecia existen normativas que prohiben fumar en este tipo de lugares, y «aunque la legislación española fue en su momento una de las más avanzadas de la UE, hoy la realidad nos muestra que se fuma en cuatro de cada cinco establecimientos», señaló. Jiménez consideró que ésta es «una cifra muy alta en un país en el que el 75 por ciento de la población mayor de 16 años no fuma».
La inhalación del humo de tabaco, incluido el ambiental, o la exposición pasiva, es el principal factor de riesgo de EPOC y el responsable de que un 10,2 por ciento de los fumadores españoles, entre 40 y 80 años, padezca esta enfermedad, lo que supone un coste social equivalente al 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto.
Jiménez apuntó que se prevé que «en el 2020 esta dolencia se habrá convertido en la cuarta causa de muerte en el mundo».
En España la EPOC provoca más de 17.500 defunciones al año y los primeros síntomas aparecen cuando ya está muy avanzada la afección, al menos el 73 por ciento de las personas que tienen EPOC no es consciente de ello.
Hasta 4.000 millones de euros gasta cada año el Estado en atender a personas con males relacionados con el consumo de tabaco, según datos de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. Este organismo sanitario respalda una nueva Ley Antitabaco que prohiba fumar en los espacios públicos, financie los tratamientos para dejar este hábito y elimine la publicidad de tabaco, puesto que con ella el número de fumadores descendería «casi un 25 por ciento», y alega que una norma que recoja estos tres aspectos reduciría el número de adictos a la nicotina entre un 24 y 25 por ciento en un período de dos a tres años desde su entrada en vigor.
Actualmente, los cigarrillos matan a unas 45.000 personas al año en España, lo que llevó a Jiménez a afirmar que Ley actual contra el tabaco ha demostrado «claramente» su ineficacia.
