Al margen de que hubiera o no conductas delictivas, el juicio para esclarecer las posibles responsabilidades en la identificación errónea de 30 de las 62 víctimas del Yak-42 está poniendo de manifiesto que todo el proceso de repatriación de los militares que perecieron en Turquía fue, cuando menos, chapucero.
Hasta tal punto, que ayer se supo que uno de los 21 féretros de fallecidos en el accidente aéreo exhumados contenía los restos de hasta tres cadáveres distintos. En una bolsa se guardaba parte de una mano que se correspondía con el torso, junto con dos piernas de otros dos cadáveres que calzaban botas de distintos números.
Así lo declararon los forenses que comparecieron ante la Audiencia Nacional. El primero de ellos, Juan Miguel Monge Pérez, que acudió a petición del general de Sanidad Vicente Navarro, principal acusado y para el que la Fiscalía pide cinco años por falsedad en documento oficial, explicó que se analizaron 21 de los 30 restos sobre cuya filiación existían dudas, ya que los otros nueve habían sido incinerados.
El examen de ADN de los cadáveres fue comparado tanto con los perfiles genéticos que el Consejo de Medicina Forense de Estambul obtuvo post-mortem, como con las de los familiares de referencia de quienes se suponía que eran las víctimas. La tarea se llevó a cabo por un equipo de 11 miembros del Instituto Nacional de Toxicología, cuyo portavoz, Antonio Alonso, señaló en la vista que los resultados obtenidos en el país otomano y los extraídos en España eran «exactamente iguales».
Por su parte, Francisco Javier González Castilla, hermano de un capitán que falleció en el accidente, testificó que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, se reunió dos meses después de la tragedia con su padre para pedirle que tratara de desactivar la labor de la asociación de familiares. Según relató, Trillo ni siquiera le dio el pésame en ese encuentro.
González Castilla indicó que su progenitor, un oficial con 50 años de experiencia, fue el único familiar que pudo reunirse con el responsable popular tras la tragedia, algo que sucedió en julio de 2003, casi dos meses después del siniestro. «Se limitó a pedirle que la asociación que estaba empezando a funcionar se plegara a lo que él quería, que no era sino que se dejara de investigar sobre lo ocurrido», aseguró en su declaración.
Además, el testigo señaló que las sospechas de que las identificaciones podían ser erróneas comenzaron cuando, tras un viaje a Trabzon junto al equipo de fútbol del Villarreal, varios allegados recogieron placas de algunos de los fallecidos, que no eran las suyas.
González se refirió asimismo a la reunión que mantuvo junto con su cuñada y hermano con el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte. Ante las explicaciones que le daban sobre legislación aérea, el número tres de Trillo «se ponía más tenso, más nervioso y más prepotente». Además, no fue capaz de concretarles qué protocolo legal se había utilizado para repatriar los cuerpos. «Al final, a mi hermano le dijo que no volviera nunca más por allí», aseveró.
Según explicó a continuación, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra general Luis Alejandre Sintes contestó en una carta a su padre, en la que le hacía «un chantaje emocional», al preguntarle «qué hubiera pensado» su hijo sobre su conducta.
También habló Gómez Castilla sobre el psicólogo que envió Defensa para asistir a las familias, que, según sus palabras, «las intranquilizó mucho más», porque el día del accidente (26 de mayo de 2003) le dijo a su madre que «algo olía mal» en las explicaciones oficiales. «Era alguien que en vez de ayudar creaba más inquietud», sostuvo.
Al término de la sesión, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, informó de que la embajada turca ha comunicado la imposibilidad de llevar a cabo los interrogatorios de dos médicos otomanos, previstos para hoy, por «falta de condiciones técnicas».
