UGT advirtió ayer de que el aumento de la jornada laboral en 2,5 horas semanales a los funcionarios aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado jueves podría esconder la pérdida de hasta 12.000 empleos públicos en todas las administraciones de la Comunidad.
El secretario regional del sindicato, Agustín Prieto, afirma que, pese a que la Junta argumenta la medida en que se evitan duplicidades, el fondo de la cuestión demuestra que, con el incremento de la jornada, de cada 15 trabajadores «se amortiza un puesto». Es decir, que de los 180.000 funcionarios, «a medio plazo» podrían irse a la calle 5.700 empleados de la Junta, y en total unos 12.000 de todas las administraciones.
En un balance sobre las medidas aprobadas por el Gobierno de Herrera hace una semana, Prieto criticó algunas medidas de racionalización de la Administración «que van en detrimento de la calidad de los servicios». En este sentido, estimó que se perderá el 40 por ciento del empleo de las contratas de limpieza, mantenimiento y seguridad. «Solo falta que obliguen a los trabajadores a llevar a una escoba», espetó.
Prieto analizó la congelación de los salarios de los empleados públicos, que han perdido un 12 por ciento de poder adquisitivo en los últimos años, «y sufren bastante, dado que muchos de ellos son mileuristas».
Sobre el conocido como ‘céntimo sanitario’, no se mostró partidario de ello «porque es regresiva y la paga todo el mundo gane lo que gane», por lo que, añadió, «encarecerá» el transporte de viajeros y de mercancías y la vida de los trabajadores que utilizan su vehículo para desplazarse al trabajo.
Por otro lado, señaló que la ecotasa eléctrica «suena bien en principio», si bien recalcó que grava también a las energías limpias, y más en una Comunidad como Castilla y León «donde no está definido el sistema». En cambio, valoró el tributo a la eficiencia energética y la ecotasa de residuos.
También consideró «oportuno» restablecer en la región el Impuesto de Patrimonio y más aún que se vinculen sus ingresos al pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía, algo que reportará 40 millones. «Es un derecho subjetivo de los habitantes de la Comunidad y en consecuencia no tiene un presupuesto, sino que va en función de la demanda de los usuarios que la soliciten y cumplan sus requisitos», indicó. En todo caso, echó en falta que el Gobierno regional no haya decidido aplicar el impuesto de sucesiones.
Por todo ello, anunció encuentros con los grupos políticos en las Cortes para darles a conocer la opinión del sindicato e instarles «a que hagan lo posible para poder tirar atrás estas medidas». Igualmente, UGT «dará la batalla» también en el CES el 11 de enero «para que sean rechazadas».
Sin recortes en el Diálogo Social.- El secretario regional de UGT, Agustín Prieto, aseguró que no baraja recortes en los acuerdos del Diálogo Social en Castilla y León porque en esta situación de crisis sería un «suicidio». «Esperemos que sean intocables», dijo. En todo caso, entendió que las administraciones «tienen menos dinero y hay que recortar, pero siempre con prioridades». En este paquete incluyó a la Renta de Ciudadanía, las prestaciones a aquellos que hayan agotado todas las anteriores, las ayudas de emergente necesidad, aún sin aplicar, así como la educación o la sanidad, «y luego el resto».
