La idea se extiende como una mancha de aceite. ¿Realmente Castilla y León se ha quedado sin cajas y sin bancos? Superado el plazo establecido por el Banco de España para completar, al menos en su primera fase, la reestructuración del sistema financiero, la preocupación de los principales partidos políticos y de los agentes económicos y sociales de la Comunidad, ante la sensación ciudadana de fuga de los centros de decisión del sector, se centra ahora en intentar conjugar el nuevo escenario bancario con el compromiso territorial de las antiguas cajas de ahorro con las inversiones productivas.
Cumplido el pasado viernes el calendario de una reforma que el propio organismo regulador no da por concluida, se abre un nuevo tiempo con la mirada puesta en el objetivo ya señalado por el presidente Herrera en su investidura: «buscar las fórmulas más eficaces para que el ahorro regional sirva para financiar la inversión de los emprendedores y de las familias». Una prioridad en la que, según fuentes del Gobierno autonómico, la Consejería de Economía y Empleo trabajará intensamente durante este último trimestre del año.
El plazo indicado no es casual. Las hipótesis de futuro pasan necesariamente por una revisión global de los diferentes instrumentos financieros en los que participan la Administración autonómica y los nuevos grupos bancarios en los que han quedado integradas las antiguas seis cajas de ahorro de la Comunidad (el banco que formarán Unicaja y Caja España-Duero, Bankia, Banca Cívica y Caja 3). En este sentido, cualquier paso hacia adelante precisaba que la principal entidad financiera de la región cerrase su fusión con la andaluza que preside Baulio Medel. Una vez rafiticada la unión en las asambleas celebradas hace una semana, las previsiones del nuevo banco en el que participará España-Duero con un 30% del accionariado, fijan el 1 de enero de 2012 como fecha para comenzar a operar en los mercados como nuevo grupo. La confianza depositada por PP y PSOE en que el proyecto coliderado por Evaristo del Canto mantenga un firme compromiso con la región hace imprescindible esperar a dicha fecha para poner sobre la mesa cualquier nueva propuesta de instrumento financiero que coordine la implicación de las firmas bancarias en el apoyo a las empresas de Castilla y León.
La organización sindical que lidera Ángel Hernández ha lanzado uno de los primeros planteamientos para el debate. En primer lugar propone una reforma inmediata de la sociedad Madrigal -participada por los grupos resultantes de las seis cajas- en la que su capital se abra además a las aportaciones de todas las firmas bancarias que operan en la región. No obstante, el sindicato defiende trabajar para que en plazo de unos dos años la Comunidad disponga de un instituto financiero que aglutine esfuerzos para, a modo del ICO, poder acompañar el impulso de proyectos empresariales.
En la actualidad este objetivo se disgrega, al margen de la función específica de Iberaval como sociedad de garantía recíproca, entre las diferentes herramientas de Sodical, Ade Financiación (ambas de la Junta) y Madrigal. En el ámbito del empresariado se mantiene latente el interrogante de hasta qué punto los nuevos grupos financieros, todos ellos con las sedes radicadas fuera, van a mantener el arraigo regional más allá de una aminorada obra social. Dentro del ámbito financiero las fuentes consultadas reafirman el vínculo territorial, pero también reconocen que en la actual coyuntura las desinversiones están a la orden del día para reforzar la liquidez. Alguna voz del sector apunta incluso a que ya es momento de que la propia Madrigal plantee, como sociedad de capital riesgo que es, salir de alguna de las participaciones más antiguas una vez cumplida su función de facilitar la inversión empresarial inicial.
