La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea que marcará las reglas de juego de la agricultura y la ganadería a partir de 2014 prevé establecer un techo máximo de 300.000 euros de ayudas por explotación y eliminará los criterios históricos de los que hoy se beneficia España, según el documento que ayer presentó el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos.
Para calcular este tope plantea que se descuenten los salarios de los empleados declarados en el año anterior, así como impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. El estado miembro recuperará este dinero y lo destinará a invertir en innovación.
Los límites progresivos de las ayudas se establecerán de la siguiente forma. A partir de 150.000 euros de pagos directos, se reducirá el 20 por ciento; de 200.000 euros, el 40; a partir de 250.000, el 70 por ciento; y más allá de 300.000 euros el cien por cien.
La propuesta mantiene los dos pilares básicos, el destinado a la agricultura y ganadería y el desarrollo rural. El primero contempla como novedad la eliminación progresiva de los criterios históricos hasta que en 2019 se establezca un pago uniforme por hectárea en toda la UE. Además, se premiará con un pago adicional a los que hagan esfuerzos medioambientales. El segundo pilar está cofinanciado por los estados miembros o por las regiones. La reforma dejará prácticamente igual este régimen, aunque introduce nuevas prioridades, como la mejora de la competitividad, la promoción de la cadena alimentaria y la organización de riesgos.
También propone mantener los ratios tradicionales de cofinanciación para la mayoría de los pagos, pero podrán aumentarse si se apuesta por la innovación, la cooperación, la creación de grupos de productores o pequeños subsidios para los jóvenes. Además, se propone establecer un pago base uniforme por hectárea en toda la UE para 2019. Este punto es especialmente controvertido ya que equipara las hectáreas de secano y regadío sin tener en cuenta que los costes de producción son dispares. La previsión es que Bruselas ajuste los pagos directos de manera que los que reciben menos del 90 por ciento de la media por hectárea puedan obtener más ayudas. Al pago básico se le sumará un porcentaje de ‘ecologización’. Cada explotación podrá recibir un importe adicional por hectárea si respetan el medio ambiente, que podría llegar al 30 por ciento.
Uno de los puntos más discutibles es la definición de ‘agricultor en activo’. Establece que se considerará beneficiario de ayudas todo aquel que demuestre que al menos el cinco por ciento de sus ingresos totales provienen de la actividad agrícola (al margen de subvenciones públicas). La propuesta incluye una excepción para los que recibieron menos de 5.000 euros en pagos directos el año anterior. El objetivo es controlar que el dinero llegue realmente a los que producen alimentos y evitar que otros como campos de golf o cotos de caza reciban dinero.
