A la vista de lo anunciado por unos y otros durante los últimos días, el Debate sobre el estado de la Nación, que hoy comienza en el Congreso de los Diputados, promete ser mucho más un escaparate en el que mostrar la mercancía que se pretende vender a los electores que acudirán a las urnas el próximo día 7 de junio que un foro para alcanzar acuerdos que permitan capear la crisis económica.
Desde luego, así lo teme el PP, cuyos dirigentes se mostraron ayer convencidos de que el presidente Zapatero aprovechará la cita parlamentaria para dar un mitin de cara a las elecciones europeas, porque, como afirmó la vicepresidenta de Organización popular, Ana Mato, el inquilino de Moncloa es «mejor mitinero que gobernante». También crítica con el jefe del Ejecutivo se mostró la portavoz de los conservadores en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, quien pidió al socialista que evite «golpes de efecto» y anuncie «un plan completo» antirecesión.
Tan escéptico análisis choca frontalmente con el realizado casi simultáneamente por la número tres del PSOE, Leire Pajín, que pronosticó que hoy la Carrera de San Jerónimo será escenario de un diálogo de sordos, puesto que, en su criterio, el inquilino de Moncloa ofrecerá hoy un «catálogo de soluciones» frente al «catálogo de catástrofes» que enunciará Rajoy.
A juicio de la secretaria de Organización de la formación de Ferraz, la intención de los populares es que la crisis llegue hasta las próximas elecciones generales, puesto que consideran que las penurias económicas son el mejor escenario para que puedan «recuperar el poder». De ahí que, explicó Pajín, el PSOE no es «muy optimista» respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos con el principal partido de la oposición.
Nada aclaró la socialista respecto a cuáles serán las iniciativas concretas que planteará Zapatero en el Hemiciclo, una tarea que encomendó a fuentes anónimas del partido de Ferraz, que filtraron que el presidente podría anunciar un plan para informatizar la educación, cuya piedra angular consistiría en dotar a los alumnos y a los centros educativos «de equipamiento y conectividad», y que, en términos prácticos, podría incluir una subvención para la compra de ordenadores portátiles para cada estudiante, la dotación de infraestructuras en los centros educativos y la creación de una tarifa denominada deberes que permita a los hogares disponer de internet a precios muy reducidos.
Bastante más relevante, aunque algo menos novedosa, es la medida consistente en la creación de un nuevo subsidio de desempleo que cobrarían los parados que hubieran ya hayan agotado la prestación actual.
Según las primeras estimaciones, la ayuda extra tendría una duración de seis meses y una cuantía de 422 euros al mes, es decir, un 80 por ciento del denominado IPREM, es decir, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un mínimo de ingresos establecido por el Gobierno que sirve para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a algunos beneficios, prestaciones o servicios públicos
La intención es que esta prestación esté vinculada a formación y que se cobre con independencia de la situación familiar. El deseo del Ejecutivo es que las Comunidades Autónomas colaboren en el pago de la prestación.
De hecho, las regiones y los municipios serán los grandes perdedores del Debate, puesto que la intención de Zapatero es pedir a ambas administraciones que se impliquen en el reparto de los «esfuerzos y sacrificios» necesarios para superar las dificultades.
